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Mediante la resolución N° 135/2018 con fecha de hoy, el TSJE decidió suspender las elecciones que convocaron para la comuna de Ciudad del Este, luego de aceptar la renuncia de Sandra McLeod, la cuestionada intendenta que por medio de chicanas buscó hasta última instancia evitar la intervención de su administración.
El Tribunal Electoral argumenta su decisión alegando que, como la Junta Municipal esteña no tiene un plazo determinado para el estudio de la aceptación o rechazo de la dimisión de la intendenta, el cumplimiento del cronograma electoral se vería afectado.
En la resolución también mencionan que la convocatoria a elecciones fue hecha por la autoridad electoral en cumplimiento de funciones administrativas y de organización así como funciones jurisdiccionales en conformidad de la ley N° 635/95 que estipula que es una atribución del tribunal convocar, dirigir y fiscalizar las elecciones, consultas populares y los casos de vacancias establecidas en la Constitución Nacional. También citan el Art. 273 de la Constitución que expresa que corresponde exclusivamente a la Justicia Electoral convocar las elecciones generales, departamentales y municipales.
La suspensión de los efectos de la resolución que emitió el Tribunal aceptando la renuncia de McLeod y convocando a elecciones partidarias y municipales en CDE se da en medio e numerosas denuncias de prevaricato hechas por diversos sectores.
El presidente del Senado, Silvio Ovelar, dijo que hay que “analizar con detenimiento” un posible juicio político a los ministros del TSJE.
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También grupo de diputados estaría trabajando en el libelo acusatorio contra los tres miembros de la Justicia Electoral. Sobre este tema, el diputado Édgar Acosta (PLRA, efrainista) aseguró ayer que el ambiente es propicio para que la Cámara Baja inicie el juicio político a los tres miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Indicó que los legisladores en su mayoría despotrican contra la resolución adoptada por los miembros: Jaime Bestard (ANR, cartista), Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (PRF), quienes fueron denunciados ante la Fiscalía por supuesto prevaricato y acusados de obedecer órdenes del cartismo, aparentemente.
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Además, miembros de la bancada del Frente Guasu presentaron ante la Fiscalía una denuncia contra la Justicia Electoral por presuntas maniobras corruptas.