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12 de Abril de 2018 07:49

 

Suspenden trabajos de urbanización en Caazapá

Por Antonio Caballero, corresponsal

CAAZAPÁ. La Fiscalía Ambiental pidió la suspensión del trabajo en el área del humedal donde se ejecuta el proyecto de una urbanización para el asentamiento de alemanes. Los trabajos no cuentan con licencia ambiental.

Ayer, el fiscal Erico Ávalos, por orden de  la jueza Lilian Servián, allanó el predio donde se lleva adelante el proyecto de urbanización Riachuelo, compañía Tajy, en zona de influencia de la Isla Susu, un gran humedal de 5.000 hectáreas declarado por ley como área silvestre protegida.

El procedimiento fue realizado en el marco de una investigación de supuesto hecho punible contra el medio ambiente, presentado por la Comuna local en nombre de los vecinos. La instalación de una urbanización en un esteral es inviable, según los datos.

El agente fiscal, quien estuvo acompañado por técnicos especializados en temas ambientales y geología y por fiscalizadores de la Secretaría del Ambiente (Seam), constató la falta de licencia para la instalación de la urbanización. Se constató que los encargados del establecimiento vienen realizando la canalización para encauzar el agua y además la preparación de terraplén para caminos internos de la urbanización con el objetivo de asentar en el lugar a unas 300 familias.

El consultor ambiental del emprendimiento, Ángel Talavera, dijo que la licencia ambiental se encuentra en trámite. Tuvieron una licencia, pero fue para un emprendimiento de cultivo de eucaliptos, que posteriormente fue ampliado para pastura de animales. Ahora se cambió el proyecto y están solicitando el documento para una urbanización "moderna" donde serán asentadas familias de Alemania.

Por su parte, la abogada Benigna Sanabria informó que la urbanización se denomina “Paraíso Verde” y que es propiedad de la empresa Rel Juv SA, cuyo presidente es Juan Buker, y que la idea es dar mano de obra a los pobladores de la zona.

Serán 300 viviendas para alemanes que quieren vivir en una zona paradisíaca y la empresa no pretende destruir la Isla Susu. Comentó que la propiedad cuenta con 1.600 hectáreas, de los cuales unas 400 quedan dentro del área protegida del Isla Susu, que no piensan tocar nunca.

Los fiscalizadores de la Seam, Raúl Alonso y Fanny Torales, indicaron que antes se debe hacer un estudio hidrológico profundo, teniendo en cuenta que, además de la Isla Susu, el proyecto se encuentra en la cuenca del río Pirapo. El terreno a ser utilizado es de zona baja y el cauce hídrico se desborda.

El fiscal Erico Ávalos solicitó a los encargados de la empresa la paralización total de actividades hasta que presenten los documentos y el estudio de impacto ambiental.

 
 

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