El reportaje emitido por la reconocida Red Globo, es el resultado de tres meses de investigación en la línea fronteriza entre Brasil y Paraguay con apoyo de autoridades del vecino país. La misma obedece al aumento significativo de incautaciones de cigarrillos en el estado de Santa Catarina.
En la primera entrega de las 16 con que cuenta la serie, se observan los diversos métodos a los que apelan los contrabandistas para introducir el producto desde su origen: el Paraguay. También las marcas mayormente incautadas, varias de ellas producidas por Tabacalera del Este S.A, propiedad del presidente Horacio Cartes, como Palermo y Eigth
Solo en Santa Catarina, en los últimos cuatro meses las incautaciones de cigarrillos de contrabando superaron al total registrado el año anterior, lo que despertó la preocupación de las autoridades, teniendo en cuenta que al tratarse de un producto prohíbido en el Brasil, no pasa por los controles de calidad lo que hace más riesgoso el consumo.
Se estima que los cigarrillos ingresados de contrabando desde el Paraguay al Brasil, representan cerca del 45% del mercado. Esto convierte al tabaco ilegal en una nueva “mina de oro” para el crimen organizado.
Por medio de este delito se generan recursos para solventar otros de naturaleza transnacional como el tráfico de drogas y armas según, “es un crimen como medio, para otro crimen como fin”, según autoridades del vecino país.
Para los contrabandistas resulta un negocio altamente lucrativo, uno de ellos afirmó que en buenas épocas puede ganar 30.000 reales por semana, expresó que su producto se comercializa en al menos 20 ciudades. Estimaciones del gobierno brasileño refieren que con cada carga ilegal incautada, el Estado deja de percibir 1.5 millones en concepto de impuestos.
Otra ventaja para los contrabandistas tiene que ver con el castigo para quienes son sorprendidos transportando una carga ilegal, en el Brasil la pena por este delito considerado como menor no supera los 4 meses, comparando con el tráfico de drogas que tiene una expectativa como mínimo de 10 años de cárcel.