Ocupa el cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, un puesto clave para manejar con libertad absoluta a jueces y agentes del Ministerio Público.
Por temor o directamente por corrupción, magistrados y fiscales están dispuestos a ceder a los designios del parlamentario luqueño.
No importa qué tan alejado de Luque (ciudad donde reside el legislador) se encuentre un juzgado, los tentáculos de Óscar González Daher se mueven para que se cumplan sus órdenes.
El senador no tiene como prioridad consolidar la democracia en el país, como prueba se puede mencionar que es un firme aliado de Horacio Cartes en el intento de violar la Constitución Nacional para imponer la figura de la reelección presidencial por la vía de la enmienda en esa Carta Magna.
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Tampoco le importa fortalecer al Poder Judicial, basta con mencionar que impone a jueces la violación abierta de las leyes; lo mismo se puede decir de agentes de la fiscalía.
Menos aún le interesa la credibilidad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Óscar González Daher es capaz de brindar encubrimiento a jueces que hace tiempo deberían haber dejado el ejercicio de la magistratura. Se puede citar el caso de la jueza Máxima Meza de Maldonado, de Ciudad del Este, sobre quien pesan graves acusaciones de prevaricato que hasta hoy no son sancionadas.
Óscar González Daher encontró el nicho adecuado para cometer abusos: está comprometido con la reelección de Horacio Cartes, y el presidente de la República es absolutamente incapaz de contener los excesos del parlamentario. A Cartes le interesa su reelección, no los atropellos de González Daher.
Asumir compromisos con el proyecto de reelección es suficiente para disponer de carta blanca: Horacio Cartes, en definitiva, es responsable del crecimiento de un monstruo llamado Óscar González Daher.
Lo que está sucediendo en este momento en la compañía Yaku’i Guazú, distrito de Mayor Otaño, departamento de Itapúa, es ejemplo de cómo funciona un grupo que podría ser acusado de mafioso: la firma Agro Silo Santa Catalina SA, cuyo presidente es Lucas Marini Favero, inicia juicios de embargo ejecutivo contra Marino Raiter y Marilene Penkal de Raiter. Reclama el pago de 23 millones de dólares con base en hipotecas, prendas y pagarés.
Agro Silo Santa Catalina SA, que forma parte del Grupo Favero, tiene en su poder los documentos atribuidos al matrimonio Raiter y exige el pago por la vía judicial.
Los documentos están denunciados por falsificación. El matrimonio Raiter niega la existencia de la deuda y denuncia ante el Ministerio Público a las escribanas Nélida Chávez (esposa de Óscar González Daher) y María Teresa Rodríguez por el delito de falsificación de instrumento público.
El 30 de noviembre de 2015, la Dirección de Laboratorio Forense del Ministerio Público hizo público el dictamen 353/15, que confirma la falsificación de la firma de los Raiter, según documentos en posesión de la escribana María Teresa Rodríguez.
El 16 de noviembre pasado se realizó la pericia de los documentos en poder de la escribana Nélida Chávez y el dictamen final debería ser presentado a la fiscalía el 10 de febrero.
Los Raiter enviaron muestras de firmas a un laboratorio forense con sede en Londres. El informe elaborado por la especialista Ruth Myers coincide con la pericia de nuestro país: se falsificó la firma del matrimonio.
De acuerdo con esta documentación, se puede concluir que la pericia realizada sobre documentos elaborados por la escribana Nélida Chávez también son falsos. De ser así, la esposa del senador Óscar González Daher puede ser calificada de delincuente.
El Grupo Favero recibió los documentos montados por las escribanas y exige el cobro. Aquí entran a operar los jueces:
- El 28 de setiembre de 2016 la jueza Victoriana Cáceres Duarte anuló en solo dos horas una medida cautelar en favor de los Raiter y así permitió la cosecha de granos de soja del matrimonio por parte de enviados del Grupo Favero.
- El 25 de enero de 2017 la jueza de primera instancia Julia Rosa Alonso Martínez, estando recusada, anuló la sentencia definitiva Nº 3/17 firmada por la jueza Mafalda Cámeron Luque, también de primera instancia. Una verdadera aberración jurídica porque una sentencia solo puede ser modificada por un tribunal de apelación.
Para imponer medidas arbitrarias y abiertamente ilegales, se utiliza a la Policía Nacional, cuyos efectivos se encuentran dentro de la propiedad de los Raiter sin orden judicial ni autorización del Ministerio Público.
Todos los derechos de los Raiter fueron violentados. Absolutamente todas sus garantías constitucionales fueron dejadas de lado. No tienen cómo defenderse.
Están siendo extorsionados para pagar 23 millones de dólares de una deuda que nació de la falsificación de sus firmas.
El matrimonio Raiter es de origen brasileño. La pareja vive desde hace 40 años en nuestro país, con hijos y nietos paraguayos. Y no tienen cómo defenderse de Óscar González Daher.
Horacio Cartes está tan ocupado buscando su reelección que no puede dedicarse a brindar seguridad jurídica a quienes vivimos en esta tierra. Mañana puede tocar la misma situación a cualquier ciudadano.