En el escrito hacen referencia a que el Poder Judicial obliga a un ciudadano a pagar por pedir información pública al TSJE, cuando que la Ley AIP 5282/14 expresa claramente que el acceso a los datos de los entes gubernamentales es totalmente libre y gratuito.
“Semillas para la Democracia y el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) manifiestan su profunda preocupación ante el último caso de denegación de información pública por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), avalado por el Poder Judicial, en un claro mensaje de amedrentamiento y regresión a las viejas prácticas oscurantistas, acciones que ponen en riesgo a nuestra débil institucionalidad”, dice el encabezado.
Asimismo dice que la nota más grave del caso es que el ciudadano que osó preguntar al Estado fue condenado a pagar casi G. 7.000.000 en costas judiciales. La Ley de Acceso a la Información Pública lleva en vigencia poco más de tres años y en todos los casos de amparo de acceso a la información en los que el Estado perdió –y, consecuentemente, fue obligado a entregar la información requerida– jamás se le impuso el pago de costas.
“Entonces, ¿por qué la saña contra una persona que ejerce su derecho fundamental a acceder información pública? La única lectura posible es que ha empezado la contraofensiva de quienes creyeron que la Ley de acceso a la información pública no les afectaría y ahora se abroquelan para destruirla”, refiere el comunicado.
Además atribuye la cuestión a una “mano política”. “Si quien acude a la Justicia exigiendo la entrega de información pública puede ser condenado a pagar a abogados, a los que ya les paga el sueldo con impuestos, el Estado podrá cumplir con la ley respondiendo lo que se le dé la gana, ya que nadie o muy pocos se atreverán a hacer un juicio para obtener la información que se les niega, oculta o disfraza. Anularán la ley de acceso a la información con una jugada perversa: amenazando con tocar el bolsillo de la gente”, agrega.
Por otro lado, el escrito de IDEA y Semillas para la Democracia refiere que en el 2019, nuestro país será examinado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El contexto actual posiciona a Paraguay en un lugar en el que corre “un alto riesgo de ingresar nuevamente a la lista gris, lo que consecuentemente repercutiría en nuestra economía ya que se vería afectada la imagen país. Por tanto, si nuestras políticas de transparencia no son sólidas, los resultados del examen tampoco serán favorables. Es importante que quede claro: con la opacidad y la corrupción solo unos pocos ganan a corto plazo y todos se perjudican a la larga”.
“Es así que IDEA y Semillas, como organizaciones de la sociedad civil que trabajan de manera conjunta y denodada hace casi dos décadas en la promoción de políticas y leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública han decidido alzar la voz ante este claro signo de retroceso y exponer las arbitrariedades judiciales que pretenden minar el camino de los esfuerzos realizados contra la corrupción y el oscurantismo en el que ella florece”, dice otra parte del comunicado.
Ambas organizaciones darán más detalles del caso en una conferencia de prensa que se realizará mañana viernes 25 de enero a las 11:00 en el local de Semillas para la Democracia (Roma c/ Colón).
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