Con los informes, la fiscala Karen Chaparro pretende determinar cómo fueron a parar los elementos incendiarios en poder de los internos, además de quiénes quemaron colchones y otros elementos en el interior del reclusorio, ubicado en el kilómetro 9 de la capital del Alto Paraná.
La agente pidió además la nómina de los guardiacárceles que estuvieron trabajando entre el 12 y 13 de setiembre, al igual que el listado completo de los reclusos y la situación procesal de cada uno de ellos. Asimismo, requirió la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos en el Centro Educativo del Este.
La investigadora anunció que como acto investigativo llamará a prestar declaración testifical al director del establecimiento y a los guardiacárceles, además de los internos que no sufrieron lesiones.
La fiscala aclaró que la investigación primariamente se centra en el hecho punible de motín de internos, pero indagará a fin de determinar si eventualmente hubo responsabilidad de los encargados de la institución en el hecho sucedido.
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