“Suba del precio del gasoil, problemas técnicos en vehículos, creación de un mercado regulado por el gobierno de biodiésel con cupos de producción y venta y precios fijados y se abren las puertas a la importación desde Argentina de un biodiésel, un producto obsoleto, no sustentable y que está siendo reemplazado por Diésel Renovable como el HVO”, reiteró hoy el técnico Guillermo Parra, titular de las Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar), sobre los problemas que generará de ser aprobado el proyecto del diputado colorado cartista Arnaldo Samaniego.
Añadió que será otra entrega más de la soberanía energética del país si Diputados aprueba el proyecto.
Ayer estuvo haciendo intenso lobby en Diputados Francisco Jauregui, miembro de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) de Argentina. Los empresarios paraguayos habían alertado de que el proyecto era solo para beneficiar a empresarios del país vecino y ven la presencia de Jauregui como una confirmación de sus temores.
Pese a los cuestionamientos de todos los sectores empresariales del país, los diputados continúan insistiendo en aprobar el proyecto. Los detractores del plan señalan la existencia de la Ley 2.748/15, que ya establece una mezcla gradual de entre el 1 y 15%, la distorsión del mercado por la exclusión del producción de las aceiteras, la creación de un fondo y los daños que pueden ocasionar a los vehículos cuyas especificaciones técnicas están bien establecidas en cuanto al tipo de combustible que deben utilizar.
“Esta iniciativa la trabajé con gente del Gobierno y la Cámara de Biodiésel. Hicimos el año pasado una audiencia pública en donde recibimos muchas propuestas y la intención es consensuar de manera a que esto se constituya en herramienta para el desarrollo”, argumentó el proyectista Arnaldo Samaniego.
Sin embargo, el Ministerio de Industria y Comercio, Petropar y los gremios privados presentaron notas todo este tiempo enumerando los cuestionamientos al proyecto, entre ellos el atentado contra el libre mercado garantizado por la Constitución Nacional.
El diputado cartista Carlos Núñez Salinas aseguró a este diario que se modificó el proyecto original para beneficiar a todos en el tema de la producción, comercialización y uso del biocombustible, pero no nos proveyó de la copia del nuevo documento.