En una nota fechada el pasado 29 de julio, y dirigida al abogado español Aitor Martínez, que divulgó el documento, la CIDH, con sede en Washington, le informa que las denuncias fueron trasladadas al Gobierno paraguayo, que deberá presentar sus observaciones.
Martínez, junto a los anteriores abogados defensores en la causa, Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, presentó en marzo de 2014 una denuncia ante la CIDH que refiere a la falta de acceso a la Justicia de los familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty, y denuncia que algunas de ellas fueron presuntamente ejecutadas de manera extrajudicial.
También denuncia el intento de hacer desaparecer forzosamente los cuerpos de varias víctimas de la masacre, que fueron abandonados, escondidos, y finalmente hallados el día después de la masacre, según consta en el documento enviado a la CIDH.
El abogado pidió además a la CIDH que instara al Estado paraguayo a investigar a quienes realizaron detenciones arbitrarias o denegaron auxilio a las personas heridas en la masacre, al tiempo que solicitó que se investiguen las alegaciones por presuntas torturas.
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Todos estos hechos fueron denunciados en 2012 ante la Fiscalía paraguaya, pero este órgano no abrió ninguna investigación, según los abogados, por lo que en 2014 elevaron la denuncia ante la CIDH.
La masacre de Curuguaty refiere a la muerte de once campesinos y seis policías durante un desalojo de unas tierras que los labriegos ocupaban para pedir que formasen parte de la reforma agraria.
La Fiscalía solo investigó las muertes de los policías, y el pasado 11 de julio condenó a los once campesinos acusados por la masacre a penas de entre 4 y 30 años de prisión.
El pasado 1 de agosto, los actuales abogados defensores apelaron la sentencia y solicitaron la nulidad del proceso, debido a que observaron “vicios y falsedades” en su desarrollo, y consideran que la Fiscalía no pudo probar la responsabilidad de los acusados en los delitos por los que fueron condenados.
Además de las denuncias por falta de investigación y supuestas violaciones de derechos sobre el caso Curuguaty, en 2015 la CIDH solicitó información al Estado paraguayo sobre el juicio político que llevó a la destitución de Fernando Lugo una semana después de la masacre.
Lugo había denunciado ante el organismo interamericano que el juicio parlamentario que terminó con su Gobierno en junio de 2012 violó el derecho a un proceso justo y a la legítima defensa.
Este proceso, impulsado por el entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado, fue calificado de “irregular” por organismos como la Unasur y el Mercosur.