Ramón Trinidad Zelaya, presidente del Tribunal de Sentencia, brindó una conferencia de prensa en la tarde de este lunes tras la lectura de la condena contra los acusados por la masacre de Curuguaty. Ante la insistencia de los comunicadores para que citara al menos una de las pruebas contundentes que existen contra los acusados, principalmente contra Rubén Villalba y Luis Olmedo, quienes fueron sentenciados con las penas más altas, respondió: “Hemos juzgado en base a las pruebas que se nos han presentado. Ya no estamos más en la época inquisitiva”.
Otro punto sobre el que fue abordado se relacionó a la condena por el cargo de invasión de inmueble. Los comunicadores le cuestionaron la acusación, preguntándole cómo se explica la figura de invasión de inmueble si se tiene en cuenta que el inmueble es del Estado. Sobre el tema, el juez remarcó en numerosas ocasiones que las tierras pertenecen a la firma Campos Morombí. En la misma línea, refirió que los campesinos “fueron condenados conforme a invasión de inmueble ajeno, de acuerdo a las pruebas que leeremos oportunamente. Eso no se discute, se discute la invasión. Se probó que se invadió con fuerza y clandestinidad la propiedad”.
Al ser consultado con respecto al motivo por el que la pena de Villalba fue más elevada, respondió que el acusado no tiene circunstancias atenuantes a su favor. “Se probó que era el líder del grupo, con varios testigos que comprobaron que estaba en el lugar”, agregó. El juez remarcó que existen testificales de efectivos policiales que presenciaron el momento en el que Villalba y Olmedo efectuaban disparos el día de la masacre, aunque no pudo precisar si se sabe con exactitud quién mató a quién en el enfrentamiento.
Sobre los abogados defensores Víctor Azuaga y Luis Lezcano Claude, manifestó que “no se comportaron como profesionales. Si es que no compartían nuestra interpretación tenían toda la facultad de recurrir a donde corresponde”.
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Al abordarle los medios sobre los motivos por los que no se investiga de la misma manera la tortura y persecución que denuncian los campesinos, Zelaya respondió que el tribunal no es un órgano investigador, y que esa labor corresponde al Ministerio Público. Añadió que la investigación de los campesinos está en la Fiscalía de Derechos Humanos. “No tenemos nosotros por qué investigar, la Fiscalía tiene que hacerlo”, reafirmó al tiempo de justificar que “En base al pedido de la defensa enviamos notas sobre hechos punibles que ellos dicen que se cometieron, sobre tortura, ensañamiento y persecuciones”.
El lunes 18 de julio a las 11:00 se dará a conocer la sentencia íntegra con descripción de conducta de cada uno de los condenados. Se le cuestionó también por qué razón no dio la explicación ante los acusados y la brindó en esta conferencia, a lo que respondió que los acusados “no permitieron que se explique”.
En relación con los incidentes ocurridos en la lectura de la sentencia, manifestó que estos quedarán en el acta y se analizará si ocurrieron hechos como coacción a órganos constitucionales, obstrucción a la persecución penal, entre otros. Cuando las consultas de los medios se hicieron insistentes pues las respuestas no satisfacían, Ramón Trinidad Zelaya aseveró: “No podemos poner en tela de juicio una sentencia definitiva que está firme y ejecutoriada, somos jueces. Somos competentes en materia penal. Se deben respetar las decisiones tomadas por el juzgado civil”.
La sentencia se dio por unanimidad. Hacia el final de la rueda de prensa, Ramón Zelaya afirmó que para el Tribunal “Lo que pasó en Curuguaty es lo que está en la resolución. Las opiniones de políticos, religiosos, organizaciones gremiales... pueden opinar, pero ellos no estuvieron en la sala de juicios siguiendo cada una de las partes del caso. Los únicos autorizados somos nosotros”, finalizó Trinidad Zelaya.