Salariazo en Diputados: “Estafa a la ciudadanía”

El ministro de la Función Pública calificó como “una estafa a la ciudadanía” los “aumentos encubiertos” de salarios que se dieron en la Cámara de Diputados. Adelantó que se investigarán los casos de funcionarios que accedieron a los sueldazos.

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Humberto Peralta, titular de la Secretaría de la Función Pública, se refirió a los sueldazos en la Cámara Baja, en una aparente distorsión de la matriz salarial. En la víspera, el titular de Diputados, Hugo Velázquez, justificó el hecho señalando que “no es un aumento, sino un sinceramiento salarial”.

Trató de explicar los incrementos al señalar que los altos sueldos ya eran cobrados anteriormente en concepto de “gratificaciones” y “bonificaciones”. Con la medida aplicada, los beneficios -lejos de eliminarse o al menos reducirse- pasaron a incluirse oficialmente en la matriz presupuetaria. Justificó que fue Hacienda quien pidió unificar los distintos sobresueldos en un solo monto salarial.

La matriz salarial impulsada por el Gobierno apuntaba a “sincerar” las millonarias remuneraciones del personal estatal y acabar con los beneficios extra. Sin embargo, al final se desató un verdadero carnaval con el dinero del pueblo, especialmente en la Cámara Baja. Al respecto, Peralta reconoció que -pese a los anuncios de “transparencia” y “austeridad”, finalmente el Congreso “estafó” al distorsionar una herramienta legal. “Sencillamente esto es una estafa a la ciudadanía”, aseveró en contacto con la 780 AM.

Calificó como “antiética” e “irracional” la autoasignación de salarios sin respetar los criterios técnicos. “En la matriz salarial no estaba previsto este tipo de aumento salarial encubierto en algunas instituciones”, aseveró. Aclaró que el caso de la Cámara de Diputados no es el único y adelantó que en unos días más se pondrá a disposición un informe sobre las instituciones que incumplieron la matriz salarial o se aprovecharon de ella.

Comentó que ya se inició un trabajo comparativo en el cual se analizan uno por uno a los funcionarios de Diputados, a fin de detectar el grado de variación de los salarios en enero de 2015 con respecto a diciembre de 2014. “Queremos que la ciudadanía sepa qué instituciones dieron cumplimiento al trámite de la matriz salarial, que en ningún momento ha sido impulsado para ganar más de lo que se venía percibiendo”, explicó.

Recalcó que situaciones como estas -de “encubrimiento”- no contribuyen al “sinceramiento y adecuación salarial”, que es el objetivo final de la matriz. “Queremos que el sueldo sea la remuneración más importante, pero por supuesto que cuando hay instituciones que han aplicado la matriz a su mejor conveniencia, debe haber un responsable institucional y político”, refirió.

Lamentó que se haya utilizado “una herramienta técnica de principios de carrera de países avanzados” para blanquear a trabajadores con “privilegios irritantes”. “Es una falta ética, una falta moral de los servidores públicos si se están autoasignando remuneraciones por encima de lo que se previó en el concepto técnico de la matriz salarial”, aseveró. Peralta adelantó la necesidad de “plantear algunas alternativas de solución” para evitar situaciones como las generadas en la Cámara de Diputados. Sostuvo que la Secretaría de la Función Pública no está de acuerdo con “la tentación de llevar más agua al molino de alguna institución y favorecer a algunas personas”.

Con los “aumentos encubiertos”, la Cámara de Diputados aumentó en más de G. 30.000 millones su presupuesto para sueldo de funcionarios permanentes. De G. 65.580.000.000 en 2014 fue a G. 95.164.000.000 en 2015. Con el incremento, supuestamente se iban a sincerar los salarios, pero lo que se hizo fue cuadruplicarlos y al mismo tiempo mantener los beneficios adicionales.

Al ser abordado sobre qué medidas se aplicarán contra los responsables, evitó hablar de tal posibilidad y se limitó a señalar que se trabajará en una normativa para establecer taxativamente los topes de salarios de acuerdo a la categoría. “Trabajamos con el ministro de Hacienda en una propuesta de ley de salario del sector público”, adelantó.

En agosto de 2014, justamente la Cámara de Diputados y la Secretaría de la Función Pública establecieron un acuerdo de “transparencia administrativa y racionalización de recursos”. Tal parece que todo se trató de un acto para calmar las críticas por los despilfarros en el Congreso Nacional.

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