Urgen intervenir ante despojo

Debido a la inacción de los entes de control ante el inminente despojo en Ciudad del Este, ABC Color -que publicó todo el esquema- denunció formalmente los hechos ante la Fiscalía. Igualmente, urgió intervenir la Procuraduría, Contraloría y Defensoría.

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El documento remitido por la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, pide la investigación del plan de despojo de un predio de 11 hectáreas que tiene Puertos en la zona primaria del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este.

El esquema corrupto -que salpica al clan Zacarías e inclusive al propio presidente de la República, Horacio Cartes, y otros altos funcionarios del Gobierno- fue publicado en detalle por EN 360, en todas las plataformas del diario.

La denuncia formal formulada hoy señala que hay indicios que apuntan a tipos penales como usurpación de funciones públicas, asociación ilícita para delinquir y lesión de confianza, además de producción de documentos públicos de contenido falso.

Otro escrito igualmente fue dirigido al procurador general de la República, Roberto Moreno, a quien se recuerda su deber de “representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales del Estado paraguayo”. De esta manera, pide indagar los hechos que apuntan a despojar a la ANNP de uno de los más valiosos inmuebles y beneficiar a “amigos” de las autoridades del Gobierno.

El procurador había tratado de lavarse las manos al asegurar que no tiene injerencia, ya que -argumentó- se trata de un inmueble de Puertos, de donde no recibió pedido alguno para intervenir. Sin embargo, aseguró que, en caso de ser consultado, señalará que todo el acto de despojo será nulo.

Un tercer documento fue entregado a la Defensoría del Pueblo, a cargo de Miguel Godoy, a quien se requiere su inmediata intervención “en su calidad de representante de los intereses colectivos”.

Godoy permanece en total silencio e indiferencia, pese a que el caso fue revelándose desde el pasado 19 de junio. Ayer se intentó hablar con el defensor del Pueblo pero no atendió las llamadas telefónicas.

Finalmente, un cuarto requerimiento fue presentado ante la Contraloría General de la República, a fin de que la misma disponga una auditoría y fiscalice los procesos tendientes a entregar un predio valuado en US$ 185 millones.

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