/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/WEYM6VHX3VG57DFWBAUH43DGOM.jpg)
Cargando...
Este lunes comienza la veda pesquera en aguas compartidas con Brasil y Argentina. Se extenderá hasta el 14 de diciembre para aguas compartidas con Argentina y hasta el 31 de enero de 2019 con el Brasil.
Mandelburger conversó con radio ABC Cardinal y explicó que están censados dentro del Ministerio del Ambiente 5.733 pescadores, que son los que tienen licencia. Sin embargo, añadió que solo entre 1.800 y 2.000 recibirán el subsidio por la veda pesquera, siempre y cuando el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, entienda que estas personas —después de un análisis— están en situación de vulnerabilidad.
Lea más: Se inicia veda pesquera a nivel país
El funcionario del Ministerio del Ambiente dio también un dato curioso: el pescador informal no paga el IVA, pero sí debe hacerlo la persona que pone una pescadería como negocio.
En otro momento, Mandelburger explicó que unos 35 funcionarios del MAES trabajarán con las fuerzas públicas para castigar a las personas que violen la veda pesquera. “Un grupo de 35 personas que están activando. Como es una actividad en conjunto con las fuerzas públicas ya se tiene una ruta (...) Ya se tienen detectados sitios clave como Villa Oliva, Chaco, los ríos y bocas principales de expendio en Asunción”, manifestó.
El director de Biodiversidad contó también que los pescadores atrapan un promedio de 150 kilos por semana. “Puede ser que un pescador pueda tener 150 kilos o dentro de un rango más. Los pescadores no pagan impuestos excepto que tengan una pescadería”, manifestó.
Los productos debidamente declarados en tiempo y forma por los pescadores podrán ser comercializados solamente hasta el domingo 11 de noviembre, al solo efecto de agotar stock de los productos almacenados.
“El incumplimiento de esta prohibición puede generar multas previstas en el Decreto 2.598/14 y oscilan entre 3.001 y 10.000 jornales mínimos, equivalentes a entre G. 243.837.252 y G. 812.520.000, independientemente de responsabilidades penales en virtud de la Ley 716/96, de delitos ecológicos, que prevé sanciones de hasta 5 años de cárcel”, indican desde el ente.