Presupuesto era “dañino”

Santiago Peña, en conferencia de prensa, dijo que la sanción del Congreso en relación al Presupuesto General de Gastos de 2017 se enmarca dentro de lo legal y que, si bien es la primera vez que un proyecto de tamaña magnitud se veta totalmente, aseguró que también es la “primera vez que se toman medidas tan nocivas”, acusando así a los legisladores de haber elaborado un presupuesto “dañino”.

“Va a requerir que sigamos trabajando en los próximos días. Que trabajemos el Presupuesto del año 2017. Mientras se discute el veto queda vigente el Presupuesto 2016, nos estamos preparando ya. Si se mantuviese el veto y se mantiene el presupuesto de 2016 tenemos que tener una diálogo con el Poder Legislativo”, expresó Peña en una conferencia en Mburuvicha Róga. Agregó que lo que decidieron los congresistas “pone en riesgo la estabilidad macroeconómica” del Paraguay.

En un comunicado, Hacienda aseguró que el veto se realizó “ante la imperiosa necesidad de salvaguardar el bienestar general de la gente, la estabilidad macroeconómica y de las finanzas públicas y proteger la imagen del país ante la comunidad internacional”.

Entre las razones por las cuales el Gobierno hace uso de esta atribución constitucional -según Hacienda- está el aumento de los componentes rígidos del gasto y la discrecionalidad de los incrementos salariales aprobados en contravención a disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

“La falta de previsiones presupuestarias para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de deuda pública pone en riesgo la calificación soberana del país. El calendario del servicio de la deuda para el 2017 requiere el pago de US$ 316 millones, de los cuales solo se autorizaron US$ 144 millones. Esta situación, a su vez, tiene implicancias en el mercado, en la inversión privada e impacta negativamente en el crecimiento de nuestra economía. Otra de las razones que fundamentan el veto total es el hecho de que el proyecto sancionado debilita significativamente el accionar de la política monetaria del país al limitar la gestión del Banco Central, lo que afectará el cumplimiento de su mandato constitucional de mantener la estabilidad de precios”, argumentó la cartera de Estado.

El documento de veto se presentó esta mañana en Diputados. La Comisión Permanente del Congreso convocó a una sesión extraordinaria para mañana, martes, a las 10:00, para determinar qué acciones tomar de ahora en adelante.

El PGN 2017 vulnera principios de la Constitución Nacional  y Ley 1535/99.

Incumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), ya que el déficit supera el límite de 1,5% establecido por esta Ley. Con esto viola una herramienta de desarrollo de contención de gastos, de responsabilidad, de credibilidad, de las finanzas públicas.

Contempla aumento discrecional de salarios en algunos sectores, por encima del tope de crecimiento establecido en la LRF y sin ningún criterio de asignación, además de que no cuenta con contrapartida real de financiamiento; mientras que se dejó de lado aquellos ajustes que sí están vinculados automáticamente al mínimo.

Incorpora gastos rígidos (financiados con impuestos) por encima de las estimaciones de financiamientos reales previstas por el Ejecutivo (no tienen financiamiento).

Obligará a recortar programas sociales que afectará a sectores vulnerables, puesto que habrá una reversión del gasto público (aumento de gastos rígidos que desplaza inversiones sociales y productivas).

Préstamos quedaron desfinanciados (Amortizaciones: US$ 316 millones, y el proyecto solo previó US$ 144 millones) lo que pone en riesgo la calificación soberana del país y sus implicancias en el mercado tales como la inversión privada y el crecimiento de la economía.

Atenta contra la estabilidad macroeconómica que tanto esfuerzo costó al país para lograrla, así como la imagen país y el bienestar de la gente, aún más de la población vulnerable.

Atenta contra la política monetaria al limitar su ejecución y desarrollo, lo que imposibilita el cumplimiento de uno de los mandatos constitucionales del BCP que es la de mantener la estabilidad de precios.