González (28), en conversación con ABC Color, señaló que desde fines de 2014 no tiene ningún tipo de información sobre su caso, que la Fiscalía no le da ningún tipo de informe al respecto y que todos se llamaron a un extraño silencio, por lo que cree que el hecho camina directamente al "oparei" y, como no tiene los recursos financieros necesarios para poder solventar el costo de un abogado que lleve la causa hasta las últimas instancias, no cree que se haga justicia.
También dijo que, debido al hecho, perdió la posibilidad de acceder a una vivienda para ella y su familia. La situación empeora, ya que la propietaria de la casa donde reside actualmente -en calidad de préstamo- le solicitó que desocupe la misma. “No sé qué voy hacer, la dueña me pidió que desaloje la casa y no tengo dónde ir. Hasta ahora, lo único que me queda ir con mis hijos y pareja bajo el puente Aña Cua, porque no tenemos para pagar un alquiler. Mi marido es pescador y apenas sacamos para comer”, expresó González.
El caso Comesur SRL saltó a la luz pública en junio de 2014. La empresa habría sido creada por algunos funcionarios de la Municipalidad de Ayolas, administrada en ese tiempo por el entonces intendente Nelson Delvalle (ANR). La misma figuraba a nombre de Josefina González, analfabeta y de escasos recursos.
La firma Comesur, con un capital de G. 1.800 millones, había ganado una licitación para la de provisión del almuerzo escolar. En su momento fueron imputados por estafa Blásida Arévalos y Rodrigo Ramírez, mientras que el extitular de Unidad de Operaciones de Contrataciones (UOC), Heriberto Rolón Batista, fue acusado por estafa y lesión de confianza en el caso de provisión de almuerzo escolar a las escuelas periféricas de la comunidad, financiada con fondos provenientes del Fonacide.
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También se vieron salpicados con el hecho Blanca Gómez, funcionaria municipal y sobrina de la denunciante, y su pareja sentimental, Rodrigo Ramírez.