En la masacre, ocurrida durante un desalojo de tierras, murieron seis policías y once campesinos, pero las muertes de los labriegos nunca fueron investigadas.

Familiares de los once campesinos fallecidos, acompañados por activistas de Amnistía Internacional (AI), se reunieron con el presidente del Congreso paraguayo, Robert Acevedo, y con el ministro de Justicia, Éver Martínez, para entregarles el informe de la organización, publicado este miércoles en París, y expresarles sus reivindicaciones.

“Estamos para exigirles y hacerles acordar a la gente que está en el poder, en el Senado principalmente, que queremos que se investigue la muerte de los campesinos. El año pasado se formó una comisión, supuestamente para hacer una investigación, y hasta ahora no recibimos ni una llamada”, declaró a Efe Martina Paredes, hermana de dos de los campesinos fallecidos en la masacre.

Esta comisión de investigación independiente fue creada en octubre de 2016, en respuesta a una recomendación formulada a Paraguay durante el Examen Periódico Universal (EPU) sobre derechos humanos al que se sometió el país en enero.

El objetivo de la comisión es el de “garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares”, según recordó AI en su informe.

Paredes dijo que los abogados de esta comisión prometieron este miércoles, durante su reunión en el Congreso paraguayo, que la próxima semana visitarán Marina Kue (este) , las tierras donde tuvo lugar la masacre, para recoger algunos datos y testimonios de los familiares.

Los representantes también dijeron que algunas instituciones se negaron a entregar a la comisión algunos elementos para facilitar la investigación, según explicó Paredes.

Agregó que los familiares tienen esperanzas de que la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá (este) anule el juicio por el que en julio fueron condenados a penas de entre 4 y 30 años de prisión los once campesinos acusados por la muerte de seis policías durante la masacre.

Las muertes de los once campesinos en la matanza aún no han sido investigadas, y durante el proceso judicial contra los acusados “se denunciaron irregularidades en lo relativo al derecho a una defensa adecuada y al debido proceso”, según el informe de la organización.

“El fiscal general no ofreció ninguna explicación creíble del motivo por el que no se investigaron esas muertes ni respondió a las denuncias según las cuales el lugar del delito había sido manipulado y los campesinos habían sido torturados bajo custodia policial”, añadió AI.

La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para destituir al presidente Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por organismos como la Unasur o el Mercosur.