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El fiscal René Fernández detalló que por las conductas penales en la que incurrieron Bogado y Quintana se exponen a penas de cárcel de entre 7 años como máximo y 6 meses como mínimo, pero entre atenuantes y agravantes solicitan 4 años de prisión, y 1 año y seis meses para Miguel Perez, encargado de despacho de la Cámara y secretario privado de Bogado.
Fernández explicó que entre los agravante para solicitar la pena de 4 años de cárcel consideraron que hubo un concurso de responsabilidades para cometer el hecho, es decir, todos los acusados sabían de los delitos que cometieron y también que intentaron cuestionar el hecho de que los funcionarios de la binacionales no son funcionarios públicos para rehuir a la sanción.
La fiscala Liliana Alcaraz leyó detalladamente las pruebas documentales y testificales que demuestran que Bogado es quien solicitó la contratación en Itaipú de Quintana, quien además cobraba salario en la Cámara de Diputados, de la cual el legislador era en ese entonces presidente.
“El señor Víctor Bogado sabía que (Quintana) era funcionaria de la Cámara de Diputados; es más, era su funcionaria. Aún así, gestionó su contratación en Itaipú”, sostuvo Alcaraz, quien remarcó que “Gabriela Quintana no podía ser contratada en Itaipú porque era funcionaria de Diputados y Víctor Bogado lo sabía”.
Además, las pruebas documentales prueban que Bogado y la niñera de oro “tenían una relación laboral y personal estrecha”; esto quedó evidenciado tanto en fotografías como en recomendaciones incluso para la obtención de créditos bancarios.
La Fiscalía también aportó documentos que prueban que el 4 de marzo de 2013, por nota, Víctor Bogado, y “valiéndose de la importancia del cargo que ejercía, logró la contratación” de Quintana y de otra mujer, Miriam Calvo. Apenas un días después, el 5 de marzo de 2013, volvió a solicitar el comisionamiento de ambas a la Cámara Baja, con el sueldo de Itaipú.
El entonces director de Itaipú, Franklin “Anki” Boccia, concedió el comisionamiento, pero a diferencia del caso de Calvo, Bogado no emitió ninguna resolución admitiendo el comisionamiento, con lo que logró el doble cobro, sumado ante el hecho de que Itaipú “nunca recibió ningún servicio por parte de la señora Gabriela Quintana”.