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El agente fiscal especializado en convivencia ciudadana dijo a ABC Cardinal que, tras analizar las leyes y los tipos penales, no pudo encontrar figura en la cual encuadrar a los dirigentes deportivos que apoyan económica y logísticamente a las barras bravas, por ello diseñó un proyecto de ley que pueda servir como herramienta legal al Ministerio Público.
“Hablamos de directivos de clubes de fútbol y también de empresas privadas de la APF y Conmebol”, expuso. Una de las cosas llamativas –sostiene– es cuando se anuncia las graderías agotadas, donde generalmente se asientan las barras bravas; por ello, indicó que se debería hacer un análisis contable para saber a dónde fueron a parar todas las entradas.
“Las barras (...) Ellos se dicen organizadas para sacar provecho de los clubes. Son grupos en los que cinco o seis se benefician con las reventas y las banderas (con publicidad), pero en realidad hay un descontrol; son personas con antecedentes y prohibiciones de entrar a los estadios, pero se van en masa”, añadió.
A su criterio, se trata de un negocio político y económico en que “el vínculo con la dirigencia es innegable”; una prueba de ello es cuando los barras de Guaraní procesados por destrozos en la Olla Azulgrana fueron defendidos por abogados enviados por el propio club aurinegro.