Representantes de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior acudieron a la convocatoria que tuvo lugar en la mañana de ayer jueves, 2 de febrero.
El 25 de enero, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta Yaku'i Guasu escoltando cosechadoras de la firma Agro Silo Santa Catalina SA, integrante del Grupo Favero.
En las inmediaciones de la propiedad rural de la familia Raiter, arrendada por la empresa Sienna SA para el cultivo de granos, encontraron diversos vehículos obstaculizando el paso de las cosechadoras.
A fin de liberar el sendero, los agentes policiales arremetieron contra las personas que se encontraban en el lugar; una tremenda golpiza fue el resultado de la embestida de la Policía Nacional.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El conflicto guarda relación con la falsificación de documentos en perjuicio de los esposos Marino Raiter y Marilene Penkal de Raiter, quienes por esa situación presentaron denuncia ante el Ministerio Público contra las escribanas María Teresa Rodríguez y Nélida Chávez, por producción de documentos de contenido falso.
Las escribanas mencionadas elaboraron una serie de hipotecas, pagarés y prendas por un total de 23 millones de dólares. Agro Silo Santa Catalina SA, cuyo presidente es Lucas Marini Favero, reclama el pago de una deuda que es resultado de la falsificación de las firmas del mencionado matrimonio.
Los Raiter son colonos de origen brasileño, viven en nuestro país desde hace 40 años; tienen hijos y nietos paraguayos.
Agro Silo Santa Catalina SA integra el Grupo Favero. La compañía inició acciones judiciales en procura de cobrar la supuesta millonaria deuda que surge de documentos elaborados por las escribanas María Teresa Rodríguez y Nélida Chávez, esta última esposa del senador Óscar González Daher (ANR).
El parlamentario es el principal operador del Grupo Favero en el Poder Judicial, lo que permite al grupo empresarial contar con órdenes judiciales que llegan al extremo de violar el marco jurídico del país.
Como ejemplo se puede mencionar que el 24 de enero último la jueza Julia Rosa Alonso Martínez suspendió a través del autointerlocutorio N° 1/17 la sentencia definitiva N° 3/17 de la jueza Mafalda Cámeron Luque, que impuso una medida cautelar para que Sienna SA pueda cosechar.
El ordenamiento jurídico paraguayo dispone que una sentencia solo puede ser modificada o anulada por un tribunal de apelación.
El 25 de enero, el comandante de la Policía Nacional Críspulo Sotelo asumió la responsabilidad de enviar efectivos de la jefatura de Itapúa para escoltar las cosechadoras del Grupo Favero. La maquinaria debía cosechar los granos de Sienna SA, aunque esta firma no recibió ningún aporte económico de Favero para el cultivo.
El Ministerio del Interior no fue comunicado con anticipación de la operación policial en el sur del país y tampoco se tuvo dictamen de la asesoría jurídica de la Policial Nacional para sostener la legalidad de la intervención.
El comandante Críspulo Sotelo Cáceres dispuso del personal sin cumplir el protocolo para llevar adelante este tipo de operaciones.
Ante la gravedad del atropello realizado por la Policía Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados citó a la cúpula policial para brindar explicaciones sobre la intervención.
El viceministro Lorenzo Lezcano, del Ministerio del Interior, poco y nada pudo aportar: reconoció que no existió comunicación previa de la Policía Nacional y tampoco autorización para llevar a cabo dicha actividad.
El subcomandante policial Carlos Rojas intentó explicar que cumplían una orden judicial y que fueron los primeros agredidos.
Representantes legales de Sienna SA exhibieron una medida cautelar expedida por la jueza Rossana Verón de Arca, de Encarnación. La orden judicial llegó a las 12.37 a la jefatura de Policía de Itapúa y la represión se desató a las 14.20.
Los representantes de la Policía Nacional quedaron en ridículo al exhibirse la hora que se recibió la medida cautelar en Encarnación: violaron abiertamente un mandato judicial.
La diputada Olga Ferreira, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, cuestionó a la cúpula policial la violencia extrema ejercida contra personas que ejercían el derecho de manifestarse.
Según expresó la diputada Olga Ferreira, “la Policía Nacional cometió abusos y violó derechos humanos al ejercer una violencia brutal contra ciudadanos”.
Los miembros de la comisión redactarán un informe que será sometido a estudio por la plenaria de la Cámara de Diputados.