Cargando...
Para el experto en derecho administrativo Javier Parquet "la empresa Vox (Hola Paraguay), es una unidad operativa integrada al patrimonio de la Copaco, por tanto se halla subordinada a los mismos principios jurídicos que regulan a la misma”.
El experto elaboró el dictamen en 2011 a pedido del entonces titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Eduardo De Gásperi.
Refiere que “si bien el Estado no es directamente el custodio o ha sido el adquirente directo del paquete accionario de Vox propietario de tal activo, por formar parte del patrimonio integral de la operadora estatal Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco). A continuación parte del documento confidencial enviado a la DNCP.
Según el dictamen del Procurador “se trata de una empresa de derecho privado, de una sociedad anónima que no es de propiedad del Estado paraguayo, sino de la Copaco”.
Esta interpretación tendría asideros lógicos mas firmes en el futuro cercano cuando la sociedad consolidase un patrimonio propio como consecuencia de sus operaciones, siendo autosuficiente y administrando recursos genuinos generados en forma sustentable, según Parquet.
Explica que “la situación de Vox es distinta ya que fue adquirida por el Estado y realiza contrataciones con fondos del Estado, por lo que debe ser tratada como el resto de las empresas públicas”.
Amparada en el dictamen de la Procuraduría Copaco siguió haciendo compras de bienes y servicios por más de US$ 50 millones, fuera de la Ley 2051, para que “Vox compitiera en el mercado”.
A nueve años de la compra de Vox, la misma sigue perdiendo dinero. Peor aún, provocó que la estrepitosa caída de las finanzas de su propietaria, que de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda entre 2017 y 2018 registró pérdidas superiores a los G. 100.000 millones.
Se podría sospechar que se utilizó un argumento para vaciar ambas empresas públicas, porque un informe de auditores de la Contraloría de agosto del año pasado revela una serie de anomalías que no fueron derivadas a Auditoría Forense, para determinar el daño patrimonial en las operaciones.