Según los antecedentes, la exministra fue la responsable de la firma de varios contratos entre el 2013 y 2014 para la construcción de edificios de dicha cartera en distintos departamentos del país. El Ministerio de la Defensa Pública pagó sumas de dinero a las empresas en concepto de anticipo financiero y ejecución de obras, pero los contratistas no las realizaron.

El perjuicio patrimonial a la entidad asciende a aproximadamente G. 5.033.923.979, afirma el acta de la imputación realizada por la fiscala Acuña que menciona que se cometió la supuesta comisión de un hecho punible contra el patrimonio (lesión de confianza).

Los demás imputados que figuran como autores cómplices o instigadores son: Carlos Francisco Barreto Burgos, Eulalio Quintana Armoa, Darío Amarilla Villalba, Germán Domingo Fatecha Feliu, Vicente José Giardina Barreto, Hugo Manuel Benítez González, Néstor Daniel Villalba Mendoza, Adolfo Ortega, Esteban Daniel Rojas Benítez, Pablo López González, Juan Manuel López Martínez, Mario Javier Villalba Benítez, Aldo Hernán Delgado Machuca, Teófilo Espínola Peralta y Rodrigo Manuel Rotela Núñez.

La Fiscalía pidió para los mismos la notificación correspondiente, aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, prohibición de salida del país, obligación de comparecer ante el juzgado cada mes, caución real y las medidas que el juzgado considere necesarias.