ZI amenaza a mansalva

“Con mis abogados estamos presentando una denuncia de coacción y extorsión contra el intendente de CDE y altos funcionarios municipales. Según informes y denuncia que hemos recibido, la coacción se realiza contra funcionarios municipales con el fin de incriminar a la exintendenta Sandra (McLeod) y a mí, inmiscuyéndonos en hechos ilegales”, anunció el senador a través de su cuenta de Facebook.

El senador Zacarías Irún y el resto del clan demostraron recientemente que mantienen intacta su estructura de sometimiento a la justicia en Ciudad de Este, tal como se evidencia en el rechazo a la reapertura de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el legislador, gracias al juez “amigo” Marino Méndez.

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Méndez, que favoreció al senador al rechazar la reapertura de una causa en su contra, tiene un proceso abierto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por favorecer a McLeod con una medida cautelar presumiblemente irregular para tratar de evitar su destitución cuando era intendenta. 

El esposo de la exintendenta, echada por mal desempeño en sus funciones y ambos con sendos procesos en la justicia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, declaración jurada falsa y otros, afirma que tienen conocimiento de “supuestas grabaciones en que los funcionarios deben narrar supuestos hechos de corrupción, con la consecuencia de destituirlos si no se prestan a la jugada mentirosa e ilegal señalada, situación ya planteada y llevada a cabo con algunos funcionarios que no se prestaron al juego maquiavélico de las autoridades municipales”.

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El intendente Prieto ya había advertido de está situación y él mismo denunció que hay gente que estaría citando su nombre para pedir dinero, algo que desautorizó totalmente. En el lapso transcurrido desde que asumió, el 13 de mayo pasado, Prieto afirma que han encontrado nuevas irregularidades en la administraciones anteriores, las cuales denunciaron ante la Fiscalía.

“También nos hicieron saber que para el efecto pretenden o pretendieron mal usar al Ministerio Público, todo con el fin de crear con argucias, actos ilegales, extorsión y coacción a funcionarios a cargo directo de ellos”, denunció el legislador, que bien sabe de manejo de fiscales y jueces.

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En posteriores posteos evidenció que su interés no es defender a los supuestos funcionarios coaccionados, sino simplemente blindarse él y su esposa, ya que extendió la amenaza de sanciones a funcionarios y contratistas.

“También me reservo el derecho de denunciar a cualquier funcionario municipal o persona que se preste a la jugada ilícita de declaración falsa o supuestas pruebas también mentirosas y falsas”, indicó. Agregó: "En el mismo sentido hago extensivo a contratistas, proveedores y concesionarios que tengan relación directa y alguna dependencia de la municipalidad de CDE”.