Es difícil determinar desde cuándo venimos metiendo la pata como nación supuestamente civilizada y con un régimen democrático de gobierno. Desde la caída de la cruel dictadura stronista, hemos dado pasos muy positivos en cuanto a las libertades públicas y la defensa de los derechos humanos, pero andamos a los tropezones en cuanto a la vigencia de un estado de derecho y el irrestricto respeto de la Constitución Nacional y de las leyes.
En estos casi 30 años, hemos tenido de todo en nuestra convivencia cívica: intentos de golpes de Estado, tanques militares disparando al Congreso, juicios políticos al Presidente, destitución de dos jefes de Estado, denuncias fundadas de fraude en los comicios internos de los partidos y en las elecciones generales, incendio de la sede parlamentaria, ataque policial a un local partidario, asesinato de un joven opositor, etc.
Además de las acciones conflictivas en la vía pública y las jugadas políticas en la esferas del poder, también hemos padecido graves golpes contra la institucionalidad política por parte de organismos importantes como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Fiscalía General del Estado y la propia Corte Suprema de Justicia.
Entonces, en relación a la presente crisis política, no podemos señalar a un solo dirigente sino a múltiples autoridades, de los diferentes partidos y en diversas posiciones, quienes fueron colocando palos entre las ruedas de la nación.
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En los graves episodios del 31 de marzo y 1 de abril del año pasado, por supuesto que los principales responsables fueron las más altas autoridades nacionales, empezando por quienes llamaban desde Mburivicha Róga al entonces jefe de la Policía. También tuvieron su cuota de responsabilidad los senadores de la oposición que integraron una sesión mau y firmaron una resolución violatoria de la Constitución.
Asimismo, una parte de la oposición acompañó con firmeza el intento del presidente de la República de hacer el rekutu en el cargo.
La actual crisis, centrada en el intento de impedir que el jefe de Estado renuncie y asuma como senador activo, la responsabilidad principal recae sobre los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y los de la Corte Suprema de Justicia, altos organismos que aceptaron y autorizaron la candidatura parlamentaria del titular del Ejecutivo.
Algunos importantes políticos, que hoy no aceptan la intención del presidente de convertirse en senador, ayer nomás aparecían junto a él durante la campaña electoral pidiendo a la ciudadanía que vote por la lista 1 encabezada por quien ahora cuestionan.
Juristas independientes muy prestigiosos y respetados sostienen que, efectivamente, el presidente de la República no puede convertirse luego en senador activo ya que la Constitución Nacional dispone taxativa e inapelablemente que los jefe de Estado electos democráticamente y que culminaron su mandato “serán senadores vitalicios, con voz pero sin voto”.
Y aquí estamos de nuevo, como tantas veces, estancados en el fango de este intríngulis jurídico, negligencias políticas y lamentables actuaciones de los más altos poderes del Estado.
Saldremos de este tropezón y seguiremos a los tumbos pero no es de extrañar porque, al parecer, estamos encandilados por los caminos torcidos y por la competencia de quién jode a quién en nombre de las más altas banderas de la República.
ilde@abc.com