Como ha ocurrido varias veces en los últimos años, ahora nuevamente los senadores de Frente Guasu presentarán un proyecto para elevar los impuestos a la exportación de la soja y del maíz. La fundamentación es que estos rubros prácticamente no pagan impuestos y, por otro lado, el Estado necesita más recursos para hacer frente a tantas necesidades de la sociedad.
La ecuación parece lógica y sencilla: las grandes compañías exportadoras de soja ganan sumas multimillonarias, casi sin pagar impuestos y, en consecuencia, sería justo que abonen más tributos al fisco para que el Gobierno pueda invertir más en educación, salud, viviendas, etc.
Este razonamiento es un sofisma porque dice medias verdades y esconde grandes mentiras. En la realidad, no existe una relación directa de causa y efecto entre el cobro de impuestos y las inversiones públicas en el área social como, por ejemplo, la reducción de los niveles de pobreza.
La cruda realidad nos muestra que más de dos tercios del Presupuesto General de Gastos de la Nación se destinan al pago de salarios de los funcionarios públicos. Por lo tanto, si el Estado recauda más ingresos, los primeros beneficiados serán, nuevamente, los empleados de las instituciones estatales.
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Un clarísimo ejemplo de esta perversa ecuación es el Fonacide, un fondo especial creado para mejorar la calidad de la educación con la construcción o reparación de los locales escolares y la ayuda alimentaria a niños y adolescentes. Los intendentes y gobernadores reciben los fondos, realizan alguna pequeña mejora, no rinden cuentas y la plata desaparece.
No necesitamos aumentar los sueldos y privilegios de los funcionarios públicos. Por el contrario, el Estado tendría muchos más recursos para ayudar a la gente necesitada si a los ministros, los parlamentarios y a los titulares y consejeros de instituciones públicas y entes binacionales se les redujera a escala del mercado sus siderales salarios. Estos personajes ganan entre 50 y 100 millones de guaraníes mensuales, mientras los maestros de escuelas públicas, los médicos de los centros de salud, los oficiales de policía, los técnicos en agricultura y ganadería, los agentes fiscales, etc. perciben entre tres y siete millones de guaraníes. Tuicha la diferencia.
Resumiendo: la situación del país no mejorará porque los sojeros paguen más impuestos. Sí podríamos estar mucho mejor si el Estado, en vez de gastar tanto en salarios y privilegios a una claque de altos dirigentes del sector público, invirtiese, por ejemplo, más recursos genuinos y eficientes en la educación y la salud de nuestros compatriotas.
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