Continuando el precedente de Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto y José María Ibáñez, el pleno del Senado, por una mayoría aplastante de 35 votos a favor y uno en contra, expulsó de su seno a Bogado, luego de que haya concluído con una condena un largo juicio en los tribunales.
Esta buena noticia para la ciudadanía se ve un tanto mancillada por el estudio en la misma Cámara de Senadores de un proyecto de ley, ya aprobado en Diputados, que pretende reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional que establece el procedimiento para la destitución de los parlamentarios.
Acorde a dicha norma constitucional, para aprobar la pérdida de la investidura solo hace falta mayoría simple, lo que significa 41 votos en Diputados y 23 en el Senado. Ahora, los parlamentarios están estudiando la propuesta de que la expulsión de un legislador solo se pueda concretar con el parecer favorable de una mayoría absoluta, lo que representa 53 votos en la Cámara Baja y 30 en la Alta.
De aprobarse este proyecto en estudio, los miembros del Congreso tendrán una especie de blindaje legal contra los pedidos de pérdida de investidura pues resultaría mucho más difícil lograr reunir la mayoría absoluta que la mayoría simple.
El cambio en la norma no debería ser aprobado por el Congreso ni promulgado por el Poder Ejecutivo pues el sistema jurídico vigente ha demostrado con suficiente claridad que el procedimiento actual es apropiado, funciona bien y constituye un instrumento importante para desalojar del recinto parlamentario a políticos corruptos, como los citados anteriormente.
En una democracia medianamente coherente y en funcionamiento, nadie debería estar por encima de la ley. Por más diputado o senador que sea, un político corrupto debe recibir la sanción que se merece y debe ser despojado de la alta investidura que el orden jurídico le otorga.
No deberíamos llegar al colmo, como sucede en la Argentina actualmente, en que el senador Carlos Menen fue condenado a prisión por la justicia pero el Senado jamás le sacó los fueros y, por otro lado, la ex presidenta Cristina Kirchner afronta diez juicios por corrupción, soporta tres pedidos judiciales de prisión preventiva, sus colegas no le sacan los fueros y ahora se está postulando nuevamente para las elecciones presidenciales. Sería un verdadero escándalo que una persona con tres órdenes de captura asuma la primera magistratura del país.
Señores del Senado: ustedes no están por encima de la ley, no son dioses intocables y deben someterse a la justicia como cualquier otro ciudadano que haya incurrido en un delito.
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