En los últimos meses, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, se ha dedicado a favorecer a su entorno político, otorgando aumentazos de sueldo a los hijos y ahijados de sus colegas que lo habían ayudado a acceder y mantenerse en el cargo que actualmente ocupa. Sin recategorizaciones, el titular de la Cámara Baja concedió a un selectivo porcentaje de funcionarios subas en sus respectivos salarios que, en algunos casos, llegan a los G. 8.000.000.
Entre los beneficiados se encuentra Laura Maldonado Silva, hija del diputado Celso Maldonado (PLRA). Gracias a la administración del presidente de la Cámara Baja, Laura, en este momento, ocupa el cargo de directora de Organización, que depende de la Dirección de Fortalecimiento Institucional; su salario de G. 10.300.000 se incrementó a G. 18.574.300 y esto sin contar con un título universitario.
Otro de los privilegiados fue el odontólogo Fernando Da Silva Sánchez, hijo de la diputada Esmérita Sánchez. En la actualidad, Fernando ocupa el cargo de director de Asesoramiento Técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja y su salario ascendió de G. 10.500.000 a G. 14.529.000; anteriormente, el cargo actual del odontólogo solo existía en el Senado.
Por otro lado, a nuestra población también le otorgaron aumentazos, pero no de sueldos como a los “humildes trabajadores” de la Cámara de Diputados. A diferencia de estos funcionarios, nosotros los “comunes" recibimos incrementos excesivos en la tarifa de la ANDE y Essap; en algunos casos, estas sobrefacturaciones se duplicaron o ascendieron a montos casi imposibles de abonar.
Durante el mes de marzo y como consecuencia de esta problemática, las quejas no se hicieron esperar. Uno de los más recientes y llamativos casos fue el de una humilde pobladora de la compañía Quira'yty de Nueva Colombia, Cordillera. Doña Celestina Cueva de Giménez abonaba usualmente G. 8.000; sin embargo, en noviembre del año pasado, se encontró con un monto de G. 28.000.
Debido a la cantidad, doña Celestina no abonó ese mes y luego se llevó el susto de que, repentinamente, le apareció una deuda de G. 35.000.000, pese a tener una tarifa social. Si bien este caso ya fue resuelto por la ANDE y, ahora, esta usuaria deberá abonar G. 52.000, nos puede servir de ejemplo acerca de cómo funciona nuestro país, con un sistema en el que se beneficia a los parlamentarios y se oprime al pueblo trabajador.
Finalmente, esperamos que los aires de aumentazos que soplan hacia los funcionarios de la Cámara de Diputados nos lleguen a todos, pues, mientras en nuestro país persiste la pobreza extrema, estos “servidores del pueblo” siguen incrementando sus ganancias a costa nuestra.
Por Rebeca Vázquez (18 años)