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El Ministerio Público levantó el miércoles al mediodía, la orden de captura que pesaba contra Paola María Pusineri, Amalia Ríos Garay, Fernando Krug y Herbert Segovia, dirigentes estudiantiles de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Los mismos fueron denunciados por la toma del Rectorado con autoridades de la casa de estudios en su interior.
El supuesto “secuestro” de los asambleístas, denominación dada por los mismos, por parte de los alumnos, dejó en evidencia hechos muy peculiares. O, quizás, el caso nos demostró cómo realmente actúa la justicia en nuestro país.
Si fueron miles los manifestantes, ¿por qué nada más imputaron a cuatro personas ? o simplemente fue una estrategia para amedrentar a los estudiantes mediante esta amenaza. Preguntas muy curiosas han surgido en los ciudadanos que ya están cansados de tantas irregularidades en el país.
Por ejemplo, es imposible no cuestionarse, ¿por qué la Fiscalía es tan rápida para proceder ante estudiantes que demuestran su repudio contra la corrupción? Y ¿por qué es tan lenta cuando los investigados son gente del poder? Pues esto fue lo que ocurrió cuando el indagado era el entonces rector Froilán Peralta.
Por otra parte, muchas veces, solemos quejarnos que la Policía siempre llega tarde cuando es solicitada de urgencia. Pero esta vez fue tan “admirable” la manera en que los uniformados se hicieron presentes de inmediato, tras el pedido de los asambleístas que habían denunciado a los “peligrosos criminales”.
La lucha estudiantil, por lo visto, es un caso muy importante para las autoridades; por eso, los encargados de impartir justicia actuaron tan rápido que el caso -la orden de captura a los universitarios- ya ha concluido. Sin embargo, cuando se trata de hechos de urgencia que afectan a personas con poder, los resultados son tan lentos que, incluso, algunos son olvidados y se pierden en nuestro folclórico opa rei.
Por Joaquín Tandé (18 años)