Así como un alumno posterga sus horas de estudio y trabajos pendientes hasta el día anterior a su examen o un hijo deja los cubiertos sin lavar hasta que su madre olvida que se lo pidió, la procrastinación, es decir, atrasar tareas o decisiones, también se da en en la vida política de nuestro país. Este mal hábito aplaza el desarrollo de actividades que no benefician los intereses de varios legisladores.
En este sentido, la Cámara de Diputados postergó la semana pasada el tratamiento del proyecto de ley que busca cancelar la jubilación de los parlamentarios, programando la discusión del mismo para dentro de 90 días. La propuesta, presentada por la legisladora encuentrista Kattya González, pretende eliminar las pensiones de retiro de los congresistas, por considerarlas injustas en comparación al monto de la jubilación que recibe el resto de la ciudadanía.
Actualmente, los parlamentarios pueden jubilarse luego de 10 años de aporte, cobrando el 60% de su último salario. En contraste, un trabajador asegurado en IPS puede retirarse a partir de los 55, pero con 30 años de servicio, dos décadas más que lo requerido para los legisladores; además, el ciudadano solo percibiría el 80% de su sueldo.
Pese a la evidente brecha entre un sector y otro, la diputada liberal Celeste Amarilla alegó que el proyecto en cuestión es de carácter populista; esta declaración induce a hacerse varias preguntas. ¿Acaso reducir, al menos, un porcentaje del excesivo monto que ganan los parlamentarios al retirarse no es una causa totalmente justa?, ¿cualquier propuesta que atente contra los intereses económicos y personales de los legisladores debe ser aplazada y tildada de populista?
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De esta manera, la procrastinación de decisiones políticas también se evidenció en situaciones delicadas como la pérdida de investidura de diversos congresistas. Tal es el caso del juicio al colorado Víctor Bogado, que fue pospuesto en más de una ocasión y, luego de muchos años, finalmente sus colegas lo sancionaron con la expulsión.
La situación del liberal Enrique Salyn Buzarquis es ampliamente parecida a la de Bogado pues, en el 2017, fue acusado de haber falsificado un reposo médico; ese mismo año, obtuvo una suspensión del procedimiento legal debido a que admitió el hecho. Ahora, el legislador es procesado además por usurpación de funciones públicas y lesión de confianza, actividades realizadas en 2012, durante su gestión como ministro de Obras Públicas. Su caso sigue en el cajón de los “expedientes en trámite”.
Claramente, la procrastinación está más que instalada en las decisiones políticas y demuestra la mala costumbre que, al parecer, busca una amnesia ciudadana, a fin de resguardar los intereses de una poderosa minoría. No dejemos que el señor Alzheimer se adueñe de nuestras conciencias.
Por Belén Cuevas (17 años)