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En las últimas semanas se desató el escándalo en filas de las FF.AA de la Nación, tras publicaciones periodísticas que sacaron a luz múltiples casos de corrupción e irregularidades entre los militares. Unos de los casos más sonados es el espionaje que llevaban a cabo los uniformados a organizaciones campesinas y estudiantiles, que realizaban diversas manifestaciones exigiendo varios puntos al Gobierno de Horacio Cartes.
Otro hecho muy lamentable y que cada vez ensucia más el nombre de las FF.AA se da cuando los militares niegan informaciones, que deberían ser públicas, a un medio de prensa. El papel “privado y confidencial” era nada más y nada menos que el currículum del general Luis Gonzaga Garcete. Es sabido que en otros países el acceso a la información pública es universal y uno puede encontrar lo que quiera en la página web de cualquier institución. En nuestro país no es así.
La Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, establece que todos los paraguayos pueden solicitar información de todos los funcionarios del Estado y que tal petición no puede ser denegada. Pero la realidad es otra y esta legislación vigente es, prácticamente, letra muerta en nuestro país.
En varias naciones del mundo, esta normativa ya lleva décadas de implementación y es cumplida normalmente. Y, como es costumbre, nuestro país es la excepción. La lucha para que la Ley de Acceso a la Información Pública sea un hecho, demandó mucho tiempo y, a dos años de su promulgación, son pocas las instituciones que la cumplen.
El caso de los militares es el más reciente pero existen otros hechos que demuestran que esta ley es solo papel y tinta e insignificante para las autoridades. En San Lorenzo, la administración del intendente Albino Ferrer habilitó la Oficina de Información Pública recién en junio de este año, tras una manifestación de cientos de sanlorenzanos frente a la Municipalidad. Lo llamativo es la burocracia que existe para acceder a los documentos, teniendo que esperar semanas para obtenerlos.
El Gobierno de Horacio Cartes celebró con bombos y platillos la implementación de la Ley de la Transparencia, ya que es un “logro para la ciudadanía” y lo denominó como uno de los mayores éxitos de la gestión del político y empresario. Pero la situación es otra y lo que debería ser una herramienta que sirva para controlar a las autoridades, es simplemente un papel con la firma del mandatario y que poco o nada se respeta.
Lo cierto es que la Ley 5282/14 está vigente y en realidad debería ser muy útil para conocer los casos de corrupción en los entes del Estado. Es más, la Primavera Estudiantil se inició con publicaciones periodísticas que sacaban a luz las irregularidades existentes en la UNA. Mientras sigamos viviendo en un país con informaciones públicas confidenciales, es difícil que avancemos como nación transparente y democrática.
Por Brian Cáceres Verón (17 años)