Hace poco, el Congreso se declaró “provida y profamilia” y, contradictoriamente, la semana pasada, la teniente Carmen Quinteros recibió un castigo de 45 días por exigir un permiso para amamantar a su bebé. El “delito” de esta mujer fue reclamar a sus superiores que la eximan de cumplir con su guardia de 24 horas en la Armada para alimentar a su hijo recién nacido.
La Ley de Maternidad autoriza a las mujeres que deben amamantar a sus bebés durante el horario laboral, con el objetivo de promover el consumo de estos nutrientes esenciales por parte de los infantes. Esta normativa obliga a las empresas a establecer salas de lactancia, garantizar el mantenimiento del puesto de trabajo de la mamá y otorgar a sus empleadas 90 minutos diarios, durante seis meses, para alimentar a sus hijos.
Ante la indignación de la ciudadanía por esta injusta condena, la Corte se lavó las manos argumentando que la sentencia se debe a una "falta contra la disciplina militar" y que en ningún momento se cuestionó el derecho de la teniente a amamantar.
La Constitución establece que el bienestar del menor debe ser garantizado por sobre todas las cosas y este bebé es el más grande afectado en el presente conflicto. La ministra de la Mujer manifestó su disconformidad con esta resolución y dijo que pedirá a las autoridades que no se cumpla la orden de prisión.
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El caso de la teniente Quinteros comprueba que de la ley al hecho hay un largo trecho, pues hasta instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura y Ganadería han sido denunciadas por incumplir esta normativa que protege a madres e infantes. Si esta disposición ni siquiera es respetada en los entes del Estado, ¿qué queda para las trabajadoras del sector privado?
Despidos y anulaciones de contratos son los regalos de baby shower para algunas trabajadoras, pues varias funcionarias son desplazadas de sus puestos de trabajo luego de anunciar sus embarazos. Según un censo del Ministerio del Trabajo, realizado el año pasado, 20 mujeres al mes, en periodo de gestación o lactancia, pierden sus empleos.
Mientras que varios políticos corruptos sienten la brisa de las playas caribeñas y pasean impunes por la ciudad en sus autos lujosos, esta teniente deberá alejarse de su hijo y enfrentar esta incoherente condena de la (in)justicia paraguaya. Así como ocurrió con Carmen Quinteros, los derechos de muchas otras madres son vulnerados diariamente.
Ante este fallo de la Corte Suprema de Justicia, ya no hay reparo alguno, pues, indefectiblemente, la teniente afectada deberá cumplir con esta condena. Solo esperemos que, así como ocurrió con el caso de esta mujer, la rigurosidad de la ley también caiga con todo su peso sobre aquellos políticos que se burlan de nuestro sistema jurídico.
Por Agustina Vallena (19 años)