En principio, sería imposible enriquecerse notablemente en el ejercicio de la función pública, pero el matrimonio conformado por el juez Elio Rubén Ovelar y la agente fiscal Marlene González parece haberlo conseguido con creces, según constató la Contraloría General de la República (CGR); en efecto, entre 2002 y 2020, el patrimonio del primero tuvo un aumento de más de 1.613 millones de guaraníes y el de la segunda más de 500 millones. En sus descargos ante dicho órgano, los cónyuges recurrieron a un expediente ya empleado por Jorge Bogarín Alfonso, aún miembro del Consejo de la Magistratura: alegaron haber recibido un anticipo de herencia, presentando sendas escrituras públicas. En verdad, la pareja sería no solo muy olvidadiza, ya que habría omitido declarar inmuebles, cuentas bancarias y vehículos, entre otras cosas, sino también de lo más distraída: no se percató de que los ingresos que dijeron tener casi decuplican los que manifestaron a la Subsecretaría de Estado de Tributación, lo que podría configurar el hecho punible de evasión impositiva.