El Partido de los Trabajadores (PT) , del candidato izquierdista Fernando Haddad, había pedido horas antes al Tribunal Superior Electoral (TSE) en Brasilia “agilizar los plazos” para procesar su recurso interpuesto la víspera para pedir la investigación.

El caso estalló el jueves pasado con la publicación de un informe del diario Folha de S.Paulo sobre empresas que habrían comprado servicios para propagar mensajes en masa a favor de Bolsonaro, antes de que éste ganara la primera vuelta del 7 de octubre con una ventaja mucho mayor a la prevista por los sondeos.

Según el rotativo, una campaña similar estaría en marcha para la semana previa al balotaje del 28 de octubre. El PT denunció esa práctica fraudulenta y pidió una investigación contra la campaña de Bolsonaro por “abuso de poder económico y uso indebido de medios de comunicación digital” .

En su decisión, el juez Jorge Mussi dio un plazo de cinco días a los implicados para presentar su defensa. Sin embargo, rechazó las medidas cautelares pedidas por el PT para, por ejemplo, romper el secreto bancario de las empresas implicadas o hacer búsquedas y aprehensiones con vista a la obtención de pruebas.

Con este caso, Brasil entró en el radar de las tramas políticas tejidas con la ayuda de redes sociales, como ocurrió con las presidenciales en Estados Unidos, el referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea o con el plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia.