El proyecto de ley para establecer un marco legal a las aplicaciones, que han generado rechazo entre los taxistas, incluye una serie de exigencias para los conductores de estas plataformas.

Entre otros requisitos, se les exigirá contar con licencias profesionales y seguros de accidente, demandas que hoy cumplen los conductores de taxis tradicionales, explicó Hutt.

La iniciativa, que reemplaza una norma presentada en 2016 por la expresidenta socialista Michelle Bachelet, prevé que los conductores no podrán tener antecedentes penales como tráfico de drogas, maltrato y delitos sexuales.

Adicionalmente, las plataformas deberán estar inscritas como empresas de transporte remunerado de pasajeros y pagar impuestos en Chile. “Hemos presentado las mismas regulaciones del transporte remunerado (...) creemos que el mercado se va a regular de forma automática al cumplir con los requisitos” , dijo Hutt, en rueda de prensa.

Las aplicaciones como Uber, Easy Taxi y Cabify, que comenzaron a operar en Chile a partir del 2014, han sido rechazadas por los sindicatos de taxistas, que las acusan de operar de forma ilegal y de causarles daños económicos irreparables.

Tras la presentación, los taxistas, que esperaban que el gobierno prohibiera las operaciones de estas aplicaciones o que impusieran regulaciones más estrictas, rechazaron el proyecto oficial, y anunciaron que harán un intenso lobby en el Congreso y manifestaciones en las calles para frenar la norma.

La ministra Hutt explicó que la ley busca establecer “igualdades” entre los taxistas y los conductores de las aplicaciones. Los taxistas tendrán el beneficio de poder enrolarse en el servicio de las aplicaciones, pero los Uber no podrán transformarse en taxis, ya que la cantidad de unidades de este transporte público permanece congelado desde 1998.

El gobierno aún no determinó cual será la cantidad de vehículos que podrá tener cada aplicación, ya que esto se resolverá mediante un reglamento.

Las multas indicadas en la ley para los conductores que la infrinjan podrían llegar a los 7.400 dólares, mientras que la acumulación de infracciones derivaría en la cancelación del permiso de la aplicación.

Los pasajeros también podrán ser sancionados si se coluden con conductores ilegales durante fiscalizaciones. En los dos últimos años, Uber alcanzó los 50.000 conductores inscritos en Chile, superando a los cerca de 47.000 taxistas que trabajan en Santiago, la capital del país.