A diez años de la ley del billetaje, sistema sigue sin funcionar en 100%

Con el objetivo de conocer datos exactos de la oferta y demanda del transporte público en Paraguay, el Congreso Nacional promulgó en 2014 la Ley N° 5230 “que establece el cobro electrónico del pasaje del transporte público”. La idea era que, con la tecnología, se faciliten la lectura y comprensión de las informaciones, para la elaboración de políticas públicas del servicio del traslado masivo de personas.

En dicha ley, se estipuló que el billetaje debía funcionar en el lapso de dos años en las áreas metropolitanas del país y en cinco años, como plazo máximo, en todo el territorio nacional. Pero a 10 años de esa promulgación, sólo se aprecian quejas contra el sistema y la falta de control y de transparencia de la gestiones para la prestación, que sólo se tiene en Asunción y el Área Metropolitana. Además, se cuestiona al sector de los transportistas por acceder a información privilegiadia, generada con el cobro electrónico, pues son datos que inciden en el monto de subsidios que ellos reciben.

Es que se le habilitó al Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), gremio que nuclea a la mayoría de las concesionarias del transporte público, como operador del billetaje. Esa determinación, que le permite a Cetrapam disponer de datos específicos sobre el negocio para brindarlos al Estado para recibir posteriormente los subsidios, tuvo origen en la reglamentación, vía decretos, según coinciden en explicar los especialistas del rubro.

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Carlos de Pauli, quien fue representante de una de las compañías interesadas en ser operadora del billetaje electrónico en Paraguay, conversó con ABC y reiteró su denuncia de que el proceso de habilitación a operadoras no fue abierto ni tuvo reglas claras y transparentes. Aquel procedimiento estuvo a cargo del Viceministerio de Transporte (VMT), en ese entonces con Pedro Britos a cargo de la institución.

“Ya vencieron los plazos ordenados en la Ley N° 5230 para la implementación del billetaje en todos los departamentos”, comentó.

Agregó que el viceministerio desafía al sistema al incumplir la ley. “Si no puede manejar un Área Metropolitana, ni pensar en extender (el billetaje) a nivel nacional. Por eso se posterga o frena”, denunció.

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Entre las anomalías en el funcionamiento del billetaje se puede mencionar que cada tarjeta no se encuentra vinculada a la identificación de cada pasajero (deben ser tarjetas nominales), también la falta de transparencia en las decisiones sobre el transporte público y la no divulgación de información generada con el uso de billetaje, vía datos abiertos.

“El billetaje es un fiasco, una mentira y solo lo mantienen por el millonario negocio del subsidio”, aseveró.

El llamativo proceso

Para habilitar a los operadores del billetaje, no se llamó a licitación ni a concurso público, sino que sólo se establecieron reglas generales que debían cumplir los interesados, durante un proceso de habilitación. Se encargó al VMT la implementación del mismo, mediante decreto reglamentario.

De Pauli indicó que el proceso constaba de cinco fases. La fase 1 era meramente administrativa y de la 2 a la 5, eran técnicas. La empresa a la que representaba no ha podido ser operadora pese a que al mercado le iba a convenir que haya varias de ellas y no solamente dos, como ahora (Jaha y Mas). “En la fase 1, que es de presentación comercial y jurídica de la firma local, hace cinco años que la carpeta está cajoneada en VMT, y lo técnico, ha sido certificado hace más de 3 años (pero aún así no la habilitan)”, lamentó. Agregó que la situación sigue igual.

Sin avances, a un año del caso pasajeros fantasma

En este fin de marzo se cumplió un año de la develación del caso de pago de subsidios por “pasajeros fantasma”, mediante la divulgación de un vídeo grabado por un usuario del transporte público en el cual se veía que un chofer validaba pasajes mientras conducía. Se denunció que la maniobra sería para falsear datos y recibir subsidios.

Días después, el entonces viceministro de Transporte, Víctor Sánchez Chamorro, admitió que el Estado estaba subsidiando por viajes que no realizaban efectivamente los pasajeros. Esta situación hizo que el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez lo reemplace por Óscar Stark.

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El escándalo se desató en medio de quejas de excesivas reguladas de los colectivos, que empujó a los usuarios a salir a manifestarse y esa indignación ciudadana dio lugar al nacimiento de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama).

A un año de aquel caso, aún no se aprecian mejoras en la prestación del servicio y ni siquiera transparencia en las gestiones, dijo a ABC el diputado Raúl Benítez, quien recordó que se había planteado una denuncia al Ministerio Público (MP).

Indicó que no se tuvieron novedades del caso, ni siquiera de la designación de un fiscal. “No tuvimos noticias de si se intervino el Viceministerio de Transporte, absolutamente nada. Hasta ahora vemos que va rumbo al oparei”. dijo.

Seguidamente, el diputado recalcó que la falta de investigación y sanción perjudica al usuario, pues al no funcionar la justicia persiste la impunidad y no existe una autoridad que presione a los transportistas a mejorar el servicio que prestan. Y esa situación evidencia que el VMT, cuyo titular es Guido Benza, tampoco está haciendo su trabajo, dijo, pues en las calles siguen las aglomeraciones en las paradas y gente hacinada viajando en los colectivos. “No hay mejora, pese a millonarios subsidios”, lamentó.