La fiscala Teresa Sosa explicó que las universidades deben solicitar ante jueces civiles de primera instancia, la pérdida de eficacia jurídica de los diplomas apócrifos presentados por 144 docentes ante el MEC. Como no existe controversia sobre la falsedad de estos documentos, o sea, se tiene la certeza de que son falsos, una resolución judicial puede despojar a estos diplomas de todo valor legal.
Durante un encuentro realizado esta mañana en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la fiscala se reunió con su titular, Luis Ramírez, y otros miembros del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). En la cita, la representante del Ministerio Público solicitó que el organismo inste a los rectores de todas las universidades a tramitar ante la Justicia la pérdida de eficacia de los títulos falsos.
Sosa enfatizó que el objetivo central es restar toda validez legal a los documentos. “La palabra exacta no es la nulidad del título, sino que no tengan relevancia jurídica; es decir, que ese documento ya no sirva. La universidad le solicita al juez la pérdida de eficacia jurídica y eso se notifica a todas las instituciones públicas para que los documentos se retiren de los registros”, explicó.
De los 525 casos investigados hasta la fecha por Sosa, la Fiscalía remitió primero un grupo de 144 diplomas al MEC, como para que inicien el proceso de pérdida de eficacia con las universidades involucradas. “Estos títulos ya no son auténticos porque la universidad ya informó por escrito que nunca los emitió. Ahí no hay vuelta, son falsos”, apuntó Sosa.
Buscan apartar a docentes con títulos falsos antes de fin de año
La fiscala Teresa Sosa explicó que la intención de realizar este trámite en agosto, es que el proceso administrativo con el juzgado termine antes de fin de año, atendiendo también que el las clases del año lectivo 2026 culminan el 30 de noviembre y muchos de los involucrados son docentes de escuelas públicas.
Una vez que el Juzgado ordene dejar sin validez estos títulos, el MEC puede proceder a cancelar la matrícula de todos los involucrados, dijo Sosa.
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“Solicitamos esto en el mes de agosto para que todo el procedimiento administrativo y legal culmine en el mes de noviembre, es decir, cuando fenece el año lectivo. Para quienes están en aula o ejercen como funcionarios públicos en el MEC, la cancelación de la matrícula debe acarrear además un sumario administrativo por mal desempeño”, agregó.
Además, la pérdida de la matrícula y de la legalidad del título no dependen de las causas penales ni de los procesos disciplinares internos que mantiene en suspenso la cartera de Educación, de acuerdo con el Ministerio Público. “Todas esas personas ya están sumariadas por el MEC y esos sumarios quedaron suspendidos a las resultas del procedimiento penal”, recalcó la agente.
Funcionarios del MEC, en la mira
¿Cómo avanza la investigación sobre los 525 títulos falsificados? La agente Teresa Sosa indicó que actualmente trabajan con la Dirección de Informática del Ministerio Público.
“Estamos haciendo nuestra verificación del sistema informático del MEC para conocer a los usuarios; a los funcionarios públicos de altos cargos que permitieron el registro de títulos falsos”, detalló.