Elecciones Municipales: Intendente que castiga a ediles por cuestionar su gestión busca el rekutu

El intendente liberal Diego Alonso (izq), junto al gobernador de Central Ricardo Estigarribia.

El cuestionado intendente de J. Augusto Saldívar, Diego Alonso (PLRA), quien durante tres años bloqueó el pago de dietas a ediles que cuestionaban su gestión busca su reelección en el cargo de manos del Movimiento Nuevo Liberalismo. La Contraloría General de la República pese a la denuncia de los ediles nunca inició una auditoría al intendente liberal y además autorizó la transferencia de recursos estatales al jefe comunal.

El intendente de J. Augusto Saldívar, Diego Alonso, según la denuncia de varios concejales, bloqueó el desembolso de dietas a los que cuestionaban su gestión desde el 2022 y, recién cuando la Contraloría General de la República recibió la denuncia, “liberó en parte el pago”, pero solo para que se le siga transfiriendo recursos estatales.

Lea más: Diputados: piden informes al contralor por autorizar royalties a cuestionado intendente liberal

El pasado 13 de mayo, el contralor General, Camilo Benítez, mediante nota al Ministerio de Economía y Finanzas, solicitó el restablecimiento del desembolso de dinero a Diego Alonso, supuestamente porque “ya no existía motivo para el bloqueo”.

Debido a esto, los ediles Derlis Espínola (PLRA), Alfredo Rojas (PLRA), Christian Domínguez (PRF), Marta Ferrari (ANR) y Juan Ferrari (ANR) presentaron un pedido de juicio político al contralor, pues alegan que nunca tomó en serio las denuncias sobre irregularidades administrativas y que el intendente les sigue castigando por cuestionar su gestión.

Lea más: Intendente acomoda licitaciones para evitar un control exhaustivo de DNCP

Diego Alonso, a pesar de su cuestionada gestión, busca su reelección en el cargo de manos del Movimiento Nuevo Liberalismo, cuyo principal líder en Central es el gobernador Ricardo Estigarribia (PLRA).

Desde el 2023, los ediles presentaron varios pedidos de auditoría ante la Contraloría General de la República que nunca fueron tenidos en cuenta y nunca se ejecutó una sola auditoría a la gestión de Alonso.

Según los expedientes: Nº 3708/2023, Nº 8098/2024 y Nº 1613/2025 se denunciaban obras fantasmas de la municipalidad, la venta de una propiedad privada como municipal y la falta de pago de dietas y gastos de representación de varios concejales opositores desde el 2022.

Asimismo la gestión municipal se valió de diferentes artimañas administrativas para saltar los controles ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en la ejecución de obras.

Millonarios desembolsos

Según la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, administrada por el liberal Diego Alonso, recibió en el 2022 G. 5.426 millones, en el 2023, la cifra transferida fue de G. 5.876 millones.

La planilla del MEF indica además que Diego Alonso recibió en el 2024 el desembolso de G. 7.996 millones, y durante el 2025, la suma desembolsada fue de G. 6.699 millones.

Mientras que de enero a mayo del 2026, el intendente volvió a recibir G. 2.528 millones. En total, desde el 2022 a mayo del 2026, la administración de Diego Alonso recibió G. 28.525 millones a pesar de las constantes denuncias de irregularidades de los concejales.

Pedido al contralor

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe a la Contraloría General de la República a instancias de los diputados Adrián “Billy” Vaesken (PLRA), Johanna Ortega (PPS), y Raúl Benítez (Independiente).

Los diputados buscan saber las actuaciones administrativas, dictámenes jurídicos, informes técnicos y antecedentes que sirvieron de fundamento para la Resolución de fecha 13 de mayo de 2026, mediante la cual se solicitó el restablecimiento de las transferencias de royalties al Municipio de J. Augusto Saldívar.

Además, se pide un informe detallado indicando las razones de hecho y de derecho por las cuales la Contraloría consideró que no correspondía mantener la retención de fondos, pese a la persistencia documentada de actos discriminatorios contra concejales opositores.

Asimismo, se piden las constancias de que el gobierno municipal acreditó el cese de las prácticas discriminatorias ante la Contraloría.

Camilo Benítez tiene un plazo de 15 días para responder las solicitudes realizadas por la Cámara de Diputados.

Lo
más leído
del día