Los concejales Alfredo Rojas (PLRA), Marta Ferrari (ANR), Cristian Domínguez (PRF) y Carlos Núñez (PLRA) denunciaron en el 2023 al intendente de J. Augusto Saldívar, el liberal Diego Alonso, por obras fantasmas correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023.
Tras las denuncias realizadas, la municipalidad dejó de pagar sus dietas y gastos de representación durante varios meses a los denunciantes a modo de represalia, según estimaron los mismos. Tras confirmar la discriminación en el pago, la misma Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, decidió bloquear las transferencias de royalties al municipio en el año 2024, con la condición de que se regularice el pago a los ediles.
Sin embargo, pese a que actualmente deben al menos siete meses de pago de dietas a los concejales, el mismo contralor Camilo Benítez desbloqueó la transferencia de los royalties a la administración de Diego Alonso.
Tras corroborar esto, Christian Domínguez denunció publicamente al contralor y al subcontralor, Augusto Paiva, y como lo anunció, se presentó con otros cinco concejales en la Cámara de Diputados para pedir juicio político contra Benítez y Paiva.
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Diputados convocan a contralor y subcontralor tras denuncia de concejal
El pedido de juicio político, firmado por Domínguez, Ferrari, Rojas, Núñez, Derlis Espinola (PLRA) y Juan Ferrari (ANR), fue entregado hoy por los concejales a la Cámara de Diputados, donde fueron recibidos por los legisladores Raúl Benítez (independiente) y Billy Vaesken (PLRA).
Tras recibir el pedido, el propio Vaesken elaboró un pedido de informe dirigido a la CGR, como también anunciaron que convocarán mañana a la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria al contralor y subcontralor, a fin de exigirle explicaciones sobre lo que ocurrió.
Los concejales insistieron en que esta acción no responde a intereses partidarios, sino a la defensa de principios fundamentales como transparencia, control institucional y el respeto al Estado de Derecho, ya que sostienen que cuando los órganos encargados de controlar, fiscalizar y garantizar el cumplimiento de la ley dejan de cumplir su función con independencia y rigor, no solo se debilitan las instituciones, sino también se pone en riesgo la democracia y el sistema republicano que Paraguay adoptó como forma de gobierno.
Para los ediles, la CGR viola abiertamente la Ley 6784/21 y opera de forma funcional a estructuras políticas corruptas que durante años blindaron al intendente de J. Augusto Saldívar, mientras perseguían a quienes denuncian irregularidades. “La CGR dejó de ser un órgano de control y pasó a ser un ESCUDO de intendentes corruptos. La CGR hoy responde más al poder político que a ciudadanos", escribió Domínguez en su denuncia.
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Obras fantasmas denunciadas
Los concejales denunciaron las presuntas obras fantasmas de la Intendencia municipal, del periodo 2022 y 2023 respectivamente. Una de ellas es por el monto de G. 2.500 millones en donde se debía reparar 35 km de caminos vecinales, y que según las verificaciones hechas por los concejales, las obras no fueron hechas.
También que se solicitó el financiamiento de la reparación dela avenida Toledo Cabañas, y que la comuna contrató un servicio por el valor de G. 1.000 millones. De este monto, solo se pagó G. 400 millones para la reparación de algunas zonas. Según mencionaron, la municipalidad, al contraer la obligación, debió pagar la totalidad de la deuda aun sin recibir la totalidad de los trabajos.
Otras denuncias hacen referencia a obras fantasmas del Club Santa Lucia, en donde se transfirió G. 73 millones en el 2022 para perforar un pozo, pero en las inspecciones solo encontraron un pozo que data del 2015.
Mencionaron, además que, en la Escuela Santa Librada, en el 2022 se debía reparar por un valor de G. 52 millones, pero solo se pudieron concretar la mitad de los trabajos, produciéndose un daño patrimonial de G. 25 millones.
Camilo Benítez y Augusto Paiva están a meses de cumplir con su periodo, considerando que los mismos asumieron en el 2021 tras ser designados por segunda vez tras culminar el periodo de Enrique García, quien renunció cuando se trataba su juicio político por el uso de un documento de contenido presuntamente falso que beneficio a la empresa Ivesur en una demanda contra la Municipalidad de Asunción.