Varios músicos asistieron a la audiencia.
También se resolvió una multa de cien salarios mínimos, lo que equivale a una suma de G. 182.405.500, a la sociedad de gestión y amonestar a sus directivos, bajo apercibimiento de que serán tomadas medidas administrativas más fuertes si no acatan los mecanismos de control establecidos por Dinapi.
Ayer, a las 15:30, el juez instructor Leopoldo López leyó la resolución en presencia de varios músicos adherentes a la campaña “Cambio en Apa ya” y autoridades de la Dinapi.
La fiscalización de la institución proseguirá durante el periodo de suspensión. López manifestó que la Dinapi emitirá resolución administrativa para que se siga recaudando y pagando a los autores asociados a la entidad.
También dijo que en los próximos días Dinapi designará un interventor para analizar las acciones a tomar durante estos 180 días.
Estas medidas se toman por las irregularidades detectadas en la sociedad de gestión, durante la auditoría encomendada por la Dinapi; entre ellas, la repartición de millonarias sumas de dinero entre los directivos, así como la ausencia de informes sobre las recaudaciones de espectáculos internacionales como los de Carlos Vives, Andrés Calamaro, The Cure, Iron Maiden, entre otros más.
Cada miembro directivo recibía gratificaciones por unos G. 124 millones a lo largo de un año, además de G. 24 millones en concepto de dieta por sesiones ordinarias, en el lapso de 12 meses. También cada uno de los directivos recibía a lo largo de un año G. 54 millones como sueldo y otros G. 37 millones, solo por ser del consejo ejecutivo.
También mencionó que APA no monitorea de la forma correcta a las radioemisoras y canales de televisión, lo que ocasiona una mala distribución de regalías y los consiguientes perjuicios a los autores.
López leyó una larga resolución, para manifestar la potestad que tiene la Dirección General de Derechos de Autor y Derechos Conexos para sancionar a la entidad gestora de los derechos de autor. Manifestó que APA es una entidad privada pero de interés público, con un régimen especial de vigilancia estatal.