“Me complace anunciar que, como resultado de un proceso profesional, con reglas claras y múltiples salvaguardas para garantizar su integridad, así como una competencia entre una pluralidad de oferentes, hoy la Conmebol aceptó una oferta por un mínimo garantizado de US$ 1.400 millones por la comercialización entre 2019 y 2022 de los derechos correspondientes a los torneos continentales de clubes, incluyendo la Libertadores, la Sudamericana y la Recopa, entre otros”, dijo ayer el presidente de la Confederación, Alejandro Domínguez, durante el anuncio realizado en Bogotá (Colombia).
La adjudicada fue el consorcio IMG & PERFORM. La primera, International Media Group (IMG), es un a corporación internacional de eventos y de entretenimientos con sede en Nueva York.
Y PERFORM, una firma que, según el Boletín Oficial de la República Argentina del miércoles 5 de noviembre de 2014, estaba constituida por Hugo Víctor Jinkis y Carlos Federico Polak como presidente y vicepresidente, respectivamente, y Mariano Jinkis, como director suplente.
Recordemos que Hugo y Mariano Jinkis fueron imputados por la justicia estadounidense, acusados de asociación criminal, fraude, lavado y otros crímenes, en el caso FIFA-Gate, aunque siguen trabajando con Alejandro Domínguez a través de la empresa Full Play.
“Se viene una nueva etapa para el fútbol sudamericano en la que esperamos lograr el crecimiento y el desarrollo tanto en las federaciones y clubes a partir de este proyecto”, dijo durante el anuncio al portal de noticias “Goal” Carlos Federico Polak, el socio de los Jinkis, quien se presentó como managing director de América Latina para PERFORM.
Dudosa licitación
A pesar de ser calificada como “histórica” por el presidente Alejandro Domínguez, la licitación de la Conmebol arroja numerosas dudas. En principio se presentaron diez empresas interesadas, pero solo cuatro arrimaron sus propuestas: a) Sport Promotions; b) MP & Silva LLC; c) IMG-PERFORM; y d) Synergy Football.
No se saben cuánto cobrará de comisión el consorcio ganador ni cuánto fue la propuesta de las demás empresas. El proceso contó con la asesoría legal de Brigard Urrutia, la auditoría de Ernst & Young y la asesoría técnica de McKinsey.
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