Amparados en las leyes 125/91 y 2421/04, las diferentes administraciones tributarias han distribuido durante años millonarias “bonificaciones” a los altos funcionarios.

Durante el gobierno anterior, Marta González Ayala, siendo viceministra llegó a cobrar cerca de G. 100 millones en un solo mes por las multas. Incluso cuando no formaba parte de las fiscalizaciones.

US$ 4 millones para 2019

Oscar Orué, actual viceministro, dijo que la institución tiene presupuestado para el presente año unos G. 25.000 millones para repartir entre sus funcionarios en concepto de cobros de multas.

Manifestó que si fuera real el monto de US$ 12 millones del caso González Daher, ese dinero no se podría repartir porque debe ser incluido en el presupuesto y a partir de ahí distribuirse como partidas presupuestarias.

Señaló que anteriormente las multas eran repartidas apenas entre unos pocos, a pesar de que la ley señala que el actuante que es beneficiado con la distribución recibe en nombre y representación de todos los funcionarios de la administración tributaria.

Dijo que con la actual administración se limitó el cupo de las multas hasta G. 40 millones anuales por funcionario y G. 60 millones para los directores. “El viceministro no cobra”, insistió.

Ciudadanía indignada

Apenas salió a la luz la posibilidad de una repartija entre funcionarios, cientos de comentarios de indignación aparecieron en las redes sociales. La mayoría criticó que mientras la situación económica del país es preocupante se decida seguir con la repartija.