La Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez Aldana, hace la vista gorda al pago de subsidios a transportistas pese a que técnicos de la institución en gestiones anteriores evidenciaron que algunas transferencias se hacen sin cumplir las exigencias establecidas en el Decreto N° 6630. El pago se realiza con el objetivo de “atajar” el precio del pasaje.
Entre las principales obligaciones de las firmas beneficiadas están no ser deudoras morosas del Banco Nacional de Fomento (BNF) y cumplan con la presentación del Plan de Renovación de su flota y suscriban un compromiso de implementación, y que sus empleados estén inscriptos en el IPS, además de registrarse en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y estar al día con los cánones al Viceministerio de Transporte.
Al respecto, el contralor señaló que se va a investigar. Agregó que dentro del plan maestro de auditorías 2020 está la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran). Sin embargo, la responsable de verificar el cumplimiento y solicitar las transferencias al tesoro público es el Viceministerio de Transporte, cuyo titular es Pedro Britos.
Consultado acerca de los mecanismos implementados ante estas recomendaciones hechas en 2014 y reiteradas en 2017, tras el seguimiento realizado en 2016, respondió ayer que “está puliendo”.
Regulada por transferencias
Semanas atrás, el Estado desembolsó más de un millón de dólares a empresas de transporte tras una regulada sorpresiva hecha por los socios del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), quienes reclamaban el pago y la existencia de buses irregulares. En esa jornada, los transportistas operaron con un 60% menos de su flota. Esa misma tarde, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, recibió a los empresarios y ordenó la liberación de los recursos. Al parecer, el Estado no sancionó a los que aplicaron la medida sin notificar.
Hoy, audiencia por cobro irregular
Ante el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla hoy se realizará la audiencia preliminar de Julio Santacruz, Óscar Torres, José Torres y Julio Torres, representantes de la Línea 36, empresa Campo Limpio SA, procesados por cobro irregular del subsidio. Pese a que la causa no fue resuelta, esta empresa de transporte sigue siendo beneficiada. Similar situación registran las líneas 34, 58, 232 y 454.