La cartera fiscal espera terminar esta semana los detalles del plan de reactivación para poner a consideración del Equipo Económico Nacional (EEN) para su aprobación, aunque los primeros lineamientos ya se estarían compartiendo con los legisladores.
De acuerdo con lo que se viene manejando en forma preliminar en Hacienda, el plan tendría tres pilares: inversión pública y empleos; financiamiento para inversión y viviendas; e ingresos e inclusión social.
En lo que se refiere al primer punto, implicaría inversiones en obras por valor de US$ 1.200 millones aproximadamente, principalmente las programadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la ANDE.
El segundo pilar, implicará disponer de una línea de préstamo de largo plazo con baja tasa de interés vía Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), también la capitalización de la banca pública, así como un fondeo y fondo de garantía para viviendas de familias de ingresos alrededor de 2 salarios mínimos mensuales (G. 4.385.678).
El tercer pilar, por su parte, sería apoyar la reconversión productiva y comercial de empresas en general y mipymes, promover el comercio electrónico y reducir costos logísticos del comercio, pedir la aprobación de la ley de garantías mobiliarias, entre otros puntos.
Los exministros de Hacienda Manuel Ferreira y César Barreto, en declaraciones a ABC TV, señalaron el último domingo que el apoyo del Estado es fundamental para generar expectativas y cuánto más gente trabaje será mejor para la economía, ya que la cuarentena por coronavirus significó un duro golpe para los diversos sectores.
Barreto es partidario de que se actué con mucha decisión desde el lado fiscal, porque se necesita que el Estado invierta en obras urbanas, por ejemplo en Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, por citar algunas.
Ambos consideran que se debe extender el pago del subsidio para aquellas personas que no tienen aún la posibilidad de generar ingresos (sector formal e informal), pero con una mayor focalización para que llegue realmente a los que necesiten.
Hacienda ya descartó la semana pasada que se recurrirá a un nuevo endeudamiento para financiar el plan de reactivación pospandemia, sino que se usarán los fondos de préstamos disponibles.
Todo esto ante las críticas generadas desde la ciudadanía y sector empresarial, ya que con la ley de emergencia se autorizó una deuda de hasta US$ 1.600 millones y su uso es cuestionado por presuntas irregularidades en las licitaciones.
Composición de la deuda pública
La deuda pública total se divide de la siguiente manera: US$ 3.531,7 millones corresponden a préstamos, US$ 5.880,2 millones a emisión de bonos y 194,2 millones por ley llave en mano (ver infografía). Con la última emisión de bonos soberanos y los préstamos contraídos por ley de emergencia, llevaría la deuda a más de 27% del PIB, cercano al 30% que según los organismos financieros internacionales es el tope razonable para nuestro país. Este nivel de endeudamiento elevará el déficit fiscal a 5% o 6%, aunque para analistas económicos rondaría entre 7% y 7,5%, por lo que Hacienda solicitará de nuevo al Congreso una excepción para volver al tope de 1,5% establecido en la ley fiscal en 3 a 4 años.