Acabarán las ganancias vía decreto, dice Petropar

Varios son los argumentos esgrimidos por Eddie Jara, presidente de Petropar, para tratar de justificar la compra de activos de un emblema, cuyo nombre no dan oficialmente pero que según el dato extraoficial al que accedió ABC, se trata de Axion Energy Paraguay. Aparentemente, ofrecieron US$ 60 millones a esta compañía para comprarle su red de estaciones, además de unos inmuebles que posee y hasta la indemnización de funcionarios que serían desvinculados.

Si bien Jara no confirma ninguna de esas informaciones, argumenta a favor de la “oportunidad de negocio” para ampliar la red de estaciones, obtener mayor margen de ganancia y dejar de necesitar de decretos.

Actualmente, a través de decretos del Ejecutivo, distribuidoras privadas están obligadas a comprar cierto volumen de gasoil común de Petropar (Decretos Nº 2999/15 y N° 7149/17), en tanto que únicamente la estatal puede suministrar gasoil y lubricantes a las embarcaciones fluviales que hacen transporte internacional (Decreto N° 2436/14).

Según Jara, hoy el 40% de las ganancias están sujetas a los decretos, mientras que 60% de su margen viene de venta en estaciones de servicio, competidoras (volumen no sujeto a las obligaciones por decreto), y a las navieras. Supuestamente, el porcentaje se invirtió, ya que antes, era 70% gracias a decretos y 30%, los demás negocios, acotó Jara.

En cuanto al volumen de venta, sostuvo que Petropar maneja el 13% del mercado. En Paraguay existen 2.200 estaciones de servicio en manos de 18 distribuidoras y estas venden 240 millones de litros de combustible por mes. En este orden, desde la estatal dicen que vendieron en diciembre 28 millones de litros a través de su red de estaciones y que mientras una estación de emblema Petropar vende 270.000 litros mensuales, otras registran 100.000 litros al mes, en promedio, y suman este argumento a las razones para defender el nuevo negocio.

Según el dato oficial, Petropar registró una ganancia después de impuestos de US$ 57 millones en el 2016, con la vigencia de los polémicos decretos y estiman que cerraron 2017 con más de US$ 40 millones.