Poco después de que una intervención judicial se hiciera cargo de Acepar, en noviembre de 2013, empezaron a llover los reclamos de pagos, las demandas judiciales y pedidos de embargo contra la acería, completándose posteriormente un pasivo de nada menos que US$ 56 millones, ante lo cual se pidió la convocatoria de acreedores. Dicha gestión lleva estancada hace más de dos años, y no se ha podido avanzar porque se vienen negociando quitas importantes con los acreedores, que no han dado muchas señales de aceptar las propuestas, según dijo ayer ante nuestra consulta el ingeniero José Luis Vinader, interventor judicial de la siderúrgica.
Acepar pretende en algunos casos quitas de hasta el 75%, que cree puede pagar, aunque para ello también debe recibir el dinero que hoy le adeuda por el arrendamiento la firma brasileña Vetorial SA, que no paga la totalidad del alquiler desde hace dos años y debe unos US$ 8,5 millones.
¿Quiénes son los principales acreedores? Los antecedentes del caso indican, por ejemplo, que casi el 43% del pasivo correspondería a deudas con Sergio Tasselli, el empresario ítalo-argentino que dirigió Acepar entre el 2004 y el 2013, cuando ya con la fábrica en ruinas traspasó sus derechos accionarios a inversores paraguayos agrupados en un consorcio denominado Insidsa.
Tasselli y otras firmas ligadas a su grupo, como Cerro Lorito SA, Aceros Zapla, Electro Aleaciones OCI, Ganadera Dos Cauces, Tasser y Tech, reclamaban hace dos años más de G. 100.000 millones, equivalentes entonces a unos US$ 23,2 millones. Hay que recordar que en 1997, Acepar fue privatizada a un precio de US$ 35 millones, de los cuales en los primeros años los “compradores” recibieron quitas de hasta US$ 12 millones y luego llegaron a pagar solo US$ 17 millones. Quedó pendiente una cuota de US$ 6 millones desde que en 2009 se suspendió el proceso de privatización y el Estado anunció que pediría un arbitraje para recuperar la acería. El arbitraje, que fue solicitado formalmente ya en este gobierno, en setiembre de 2014, no ha prosperado, pese a que la Procuraduría General ha entregado en su momento voluminosos documentos para ello.
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Actualmente, la fábrica produce con cierta regularidad (4.500 a 5.000 Tn/mes) y emplea a 550 obreros.
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