La reunión encabezada por la fiscal general, Sandra Quiñónez, tuvo lugar en la sede central del Ministerio Público, donde los supuestos estafados estuvieron representados por la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), encabezada por el dirigente campesino Alberto Areco. También estuvieron las autoridades del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), liderados por su titular, Amanda León.

El propósito fue llegar a un acuerdo respecto a la causa de supuesta estafa de la que habrían sido objeto 577 labriegos por parte de funcionarios del CAH, a través de créditos otorgados por la entidad en localidades del departamento de Caaguazú.

Los representantes de las víctimas solicitaron al Ministerio Público que impulse las investigaciones en las causas abiertas por supuestas estafas, en que aparentemente se utilizaban cédulas con las cuales eran retirados créditos del CAH por terceras personas.