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Adjudicar aeropuerto también a Sacyr depende de “cuestiones económicas”

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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A nueve meses de haberse hecho la apertura de ofertas, con una denuncia penal y una auditoría de Contraloría a cuestas, el ministro Jiménez Gaona insiste en que la licitación APP del aeropuerto continúe y dice ahora que la adjudicación o no depende de “cuestiones económicas”.

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El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, volvió a desacreditar ayer las más de 20 denuncias por incumplimiento que tiene la empresa española Sacyr en el extranjero. En conversación con otros medios, dijo que el análisis jurídico de la oferta ya terminó y que se trata de una “etapa superada”. Con respecto a la licitación del aeropuerto, en la que hay una denuncia penal y una auditoría de Contraloría de por medio, manifestó que la evaluación continúa y que depende solamente ya de “cuestiones económicas”.

“En este momento el análisis se limita a la parte económico-financiera. Esos son los trámites finales que estamos evaluando en este momento. El comité evaluador hizo una serie de consultas al oferente principal sobre su oferta económica que fueron respondidas en los últimos días y están siendo revisadas por el comité evaluador”, afirmó Jiménez Gaona. Dijo que esperan que el comité concluya esta revisión en los próximos días y luego eleve la recomendación de adjudicar o no “en función de la calidad de las respuestas a esas consultas”.

Recordemos que Sacyr Concesiones SL (la filial que compite en Paraguay) y Sacyr SA (la matriz) tienen numerosas acciones judiciales en trámite, incluidas una veintena de demandas solamente en Chile, que según el pliego de bases y condiciones, la Ley de APP y el decreto reglamentario, debieron dejarle fuera de competencia.

Llamativamente, el MOPC solo tuvo en cuenta uno de los procesos, el menos grave, en el que Sacyr es accionista de una sociedad que tuvo problemas judiciales en España y que incluso tiene otra denominación.

Silencio en Contraloría

A más de tres meses del inicio de la auditoría de la Contraloría a la licitación, por denuncias de congresistas, el ente aún no divulga el informe resultante de esa auditoría. Trascendió que el informe es desfavorable, por lo que el contralor Enrique García está retrasando su oficialización, por presiones del MOPC, según fuentes.

García no responde nuestras llamadas desde hace varias semanas.

¿Descalificarán por otras razones?

Fuentes cercanas al comité también hablan de que con las consultas realizadas a Sacyr, respecto a su oferta económica, el MOPC está buscando un motivo para descalificarle por cuestiones económicas, y de esa manera no tener que reconocer que sus antecedentes judiciales nunca debieron permitirle el contrato de las rutas 2 y 7.

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