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Administración central arrastra un déficit de US$ 283 millones

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
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La administración central al cierre del mes de noviembre acumula un déficit de más de G. 1,5 billones (US$ 283 millones) y todo apunta a que, aunque según las autoridades del Ministerio de Hacienda, pese a ello, se terminará el ejercicio dentro de los límites de la ley de responsabilidad fiscal.

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La cartera dio a conocer ayer su informe sobre situación financiera al mes de noviembre en el que se detalla cómo se está ejecutando el presupuesto público y los resultados financieros. La presentación estuvo a cargo de Humberto Colmán, director de la Dirección de Política Macrofiscal de Hacienda, quien tuvo el apoyo de Viviana Casco y Diana Vega, del área técnica de dicha repartición ministerial.

Los datos indican que el monto del déficit acumulado, de enero a noviembre, equivale a 1,1% del PIB y se enmarca aún dentro de lo que dispone la ley de responsabilidad fiscal, cuyo tope es de 1,5% del PIB. Sin embargo, el saldo rojo anualizado (noviembre 2014-noviembre 2015) representa 2% del PIB, superando el límite de la referida ley.

Fuerte inversión en bonos

Colmán explicó que el déficit se explica exclusivamente por las inversiones hechas, que se financian con bonos soberanos, y la contención de los gastos corrientes que se dispuso tras la desaceleración de los ingresos tributarios, por efectos de la crisis regional.

Ante esta circunstancia, tanto Colmán como Casco creen que existen muchas probabilidades de cerrar el año dentro del tope de la ley de responsabilidad fiscal, sin tomar en cuenta lo que dispone el artículo 241 de la ley de presupuesto 2015, que excluye los bonos del cálculo del déficit de la administración central. A modo de ejemplo de como influye los bonos en el saldo rojo, puntualizó que de excluirse del cálculo las inversiones financiadas con recursos provenientes de títulos de deuda, se tiene un superávit de US$ 265 millones al mes de noviembre.

Aguardan más recursos

El fisco también está a la espera de obtener mayores recursos para asegurar el cumplimiento de la ley de responsabilidad, como por ejemplo los US$ 90 millones de la licitación del espectro radioeléctrico para tecnologías 4G LTE (Long Term Evolution)” y el pago de la Argentina por la deuda en Yacyretá, para lo que ya se iniciaron los contactos con el nuevo gobierno de Mauricio Macri.

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