Admiten que se pagó a Policía para desalojar a campesinos

El principal representante de los colonos, Jair Weder, admitió que tuvieron que abonar G. 200 millones para que 1.200 policías desalojen el jueves último a 200 familias campesinas de la colonia Guahory, en Tembiaporã, Caaguazú.

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TEMBIAPORÃ (Víctor Daniel Barrera, corresponsal). Wader manifestó que tuvieron que pagar dicha suma para el “viático” de dos días de los policías. “Nosotros pagamos para el operativo completo 200 millones de guaraníes. Eso fue para el combustible del helicóptero y comida para los 1.200 policías. Tuvimos que pagar el gasto por dos días. Le entregamos el dinero a Willian Giménez (jefe de Orden y Seguridad)”, afirmó.

Los uniformados acamparon el miércoles por la noche a unos 10 km del lugar y a primeras horas del jueves, se constituyeron en el inmueble, donde se procedió al desalojo de 200 familias, que dijeron tener 27 años de ocupación. Ahora siguen en el sitio unos 100 efectivos, para custodiar el predio.

Según la versión de Wader, los campesinos ingresaron a las tierras hace solo dos años. Agregó que eso afectó a unos 90 colonos, que tienen títulos legales desde hace décadas y que incluso, están hipotecados en bancos de plaza.

Apoyo de políticos

Independientemente al tiempo de ocupación de las 200 familias desalojadas, estas cuentan con el apoyo abierto del senador Luis Alberto Wagner (PLRA) y del intendente de Tembiaporâ, Sotero Cáceres (PLRA).

Ayer, visitaron el sitio el legislador de referencia, acompañado por los senadores Miguel López Perito (AP) y Esperanza Martínez (FG), con el objetivo de verificar la situación.

Wagner indicó que el operativo de desalojo fue totalmente ilegal y que los colonos no tienen ningún documento que certifique que tienen derechos sobre esas tierras. “Estas tierras no tienen ningún documento, plano, ni título. Estas tierras son públicas”, aseveró.

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) no se ha pronunciado sobre el tema.

Niega que recibió pago

El jefe de Orden y Seguridad, Willian Giménez, negó rotundamente haber recibido los G. 200 millones para el gran operativo.

A su vez, el abogado de los “brasiguayos”, Rubén Soto, manifestó que el desalojo no tuvo ningún costo y que no entiende el motivo de las afirmaciones de su cliente.

El letrado es primo del ministro de la Juventud, Marcelo Soto, y al respecto, afirmó que no hubo ningún tipo de tráfico de influencias ni presiones a través de su pariente para llevar a cabo el operativo.

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