El titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández, informó ayer a nuestro diario que pidió ayuda a la Procuraduría General de la República en el caso de los 49 funcionarios que no se jubilarán debido a disposiciones judiciales. Lograron evadir la Ley 4252/10, que modifica varios artículos de la Ley 2345/03 “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”. Hoy se reunirán para coordinar las acciones a seguir, nos dijo ayer el procurador Sergio Coscia.
La justicia benefició a estos funcionarios, de entre 65 y 74 años, con el argumento de que la norma viola garantías constitucionales, como “la igualdad, no discriminación, calidad de vida y el derecho al trabajo”.
Mientras Fernández aseguró que “quiere sanear” la entidad, considerada una de las más corruptas, rumores de pasillo señalan que quiere “ubicar a funcionarios de su confianza (recaudadores)”.
Entre los beneficiados aparecen políticos, investigados por corrupción y vinculados a poderosos de turno. Por ejemplo, Néstor Acosta, pariente del expresidente Ángel González Macchi; Lorenzo Frutos y Blas Agüero, al expresidente Nicanor Duarte Frutos.
Entre los investigados por corrupción figuran: Bernardo Ferreira, Julio Vega, Eusebio Ferrari, Carmelo Franco, Cristóbal Amarilla, Carlos Vargas, Remigio Arriola, Severiano Ávila, Víctor Santander, Gregorio Maidana, Carmelo Franco y Sebastiana Mendieta. La lista completa Faustino Ortega, detenido en 2005 en el caso del crimen de la aduanera Yolanda Benítez. Fue sindicado como el comprador de chips usados por los hermanos Scavenius para perpetrar el crimen, según la Policía.
También otros 53 funcionarios de la Justicia Electoral consiguieron en 2017 que la Corte Suprema aplace diez años su jubilación.
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