Advierten que acuerdo sobre EBY no puede modificar términos del Tratado

El Tratado está por encima de cualquier acuerdo que realicen los gobiernos de Argentina y Paraguay, explicó el abogado Fidel Walter Cardozo, quien manifestó que no pueden modificarlo con una norma inferior. “El Tratado es producto de los estudios de factibilidad técnicos, económicos y financieros con base en los cuales aprobaron el financiamiento del proyecto por parte de los organismos multilaterales de créditos. Precisamente porque se incumplieron los términos del Tratado se tienen los valores irreales jurídicamente”, explicó el jurista, quien se mostró escéptico respecto al “saneamiento” económico y financiero que supuestamente se está queriendo llevar a cabo en las negociaciones.

El temor es que con el nuevo acuerdo se convaliden todas las actuaciones irregulares cometidas por las administraciones anteriores y actual de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). En ese sentido, mencionó la denuncia que realizó en noviembre del 2015 ante la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía por la violación del Anexo C, puesto que la tarifa de Yacyretá es aplicada con base en lo previsto en la Nota Reversal de 1992 (NR 92) y no del Anexo C del Tratado, y eso es la cabeza del proceso. “También hay una ampliación de la denuncia en contra del ingeniero Ángel María Recalde porque él sigue reconociendo que la EBY aplica de manera provisoria la NR 92. Eso no es posible; ni siquiera un segundo se pueden apartar de lo previsto en el Tratado, estando plenamente vigentes los términos del Anexo C que en el orden de prelación de las leyes tienen la obligación de respetar ya que en jerarquía está inmediatamente después de la propia Constitución Nacional. Ellos (los directivos de Yacyretá) quieren justificar la violación diciendo que es de manera provisoria”, insistió Cardozo.

Recordó que si hay una controversia relacionada con la interpretación del Tratado o su aplicación, lo que provisoriamente debe aplicarse es el Anexo C, y no al revés. “No se puede utilizar una norma jurídicamente inexistente para la República del Paraguay. Esta es la prueba de que en nuestro país no existe el Estado de derecho y que, gracias a la impunidad que les garantiza el Poder Judicial y el Ministerio Público, estos delincuentes manejan Yacyretá como si fuera empresas suyas en perjuicio del Paraguay y la Argentina inclusive, porque a menores ingresos para Yacyretá también disminuyen los beneficios para ambos países”, sentenció. La tarifa actual es ilegal, puesto que no incluye el monto necesario para pagar el pasivo del proyecto y por eso se habla de una deuda progresiva. “En dichas cláusulas se establece que el saldo positivo o negativo del año anterior debe ser incluido en los costos del servicio de electricidad del año siguiente. Si eso se hubiese aplicado, no existiría déficit”, indicó.

López Moreira no da la cara

El jefe de gabinete de la Presidencia de la República y principal responsable de la Comisión Negociadora de Yacyretá, Juan Carlos López Moreira, hasta el momento no cumple con su palabra de poner a disposición de la ciudadanía los términos del memorándum de entendimiento que se va a firmar con Argentina. Tanto el canciller Eladio Loizaga como el director paraguayo de la EBY, Ing. Ángel María Recalde, manifestaron que López Moreira es el encargado “de la parte numérica” del acuerdo y que cuando él lo disponga se podría acceder al mismo.

Hasta el momento, el ministro no responde los mensajes ni las llamadas efectuadas a su línea de celular con terminación 072.