Advierten que es inconstitucional y que viola el derecho internacional

El jurista compatriota afirmó que el Anexo C de Itaipú establece los costos de la generación de la energía eléctrica y ninguno de sus componentes incluye gastos de responsabilidad social o ambiental.

Recordó que estos gastos han nacido de la Nota Reversal (NR) 1/05, del 31 de marzo del 2005, que cita el “Plan Estratégico” del Consejo de Administración en la Itaipú como fundamento para incluir dichos gastos en el componente de la generación de energía.

Dijo que una parte de la misma NR dice que “constituye un acuerdo” entre los gobiernos. “El asunto es que el Consejo no puede pergeñar un plan estratégico que altere los términos del Tratado y tampoco puede respaldarse en un documento que nunca fue aprobado por el Congreso nacional, ni paraguayo ni brasileño”, aseveró.

Enfatizó que la aprobación de instrumentos internacionales que afectan la soberanía del país es una atribución “exclusiva y excluyente” del Parlamento nacional, razón por la cual el Consejo no puede alterar el Tratado ni actuar en violación de la misma. “Eso, más que ilegal es inconstitucional y es una violación de los principios del Derecho Internacional Público, codificado en la Convención de Viena sobre los tratados”, indicó Stimson.

Al señalársele que los gastos sociales se vienen ejecutando hace muchos años y nadie accionó para corregir la situación, manifestó que “el remedio” viene, principalmente, por el lado del Poder Ejecutivo y de las comisiones parlamentarias que supervisan lo que se está actuando bajo los Tratados.

Cultura empresarial

Acotó que hoy existe una “cultura empresarial” que admite que todo emprendimiento económico tiene un impacto social y ambiental en su área de influencia que hay que atender. “Incluir esos impactos dentro de un modelo de negocio en el mediano y largo plazos, en sí mismo nada tiene de perverso. El problema es que con la cultura empresarial no se puede sacrificar la Constitución Nacional, el derecho internacional y la institucionalidad; sobre todo para hacer gastos que son de muy dudosa necesidad social y ambiental”, aseveró.

Acotó que desde el momento en que esos gastos son arbitrarios, discrecionales y poco transparentes, se pervierte su naturaleza social y ambiental, porque escapa del control de los respectivos gobiernos y de la ciudadanía.

“Grandes enemigos”

Stimson afirmó asimismo que nuestra dependencia de los “gastos sociales” ha venido a constituirse en uno de los grandes enemigos de la defensa de los derechos soberanos de Paraguay en Yacyretá e Itaipú, que han “domesticado a la clase política”, bloqueado la presencia y el protagonismo de nuestro país en los mercados energéticos regionales.

Añadió que esa ausencia paraguaya significa no participar de un negocio energético que genera miles de millones de dólares al otro lado del río Paraná, y que si el Paraguay pudiera capitalizar, le generaría recursos para invertir en infraestructura física, salud y educación. “Cedemos soberanía a cambio de gastos sociales, y con ello riquezas muy superiores a estos”, subrayó.